El sector empresarial consideró ayer que las alzas de precios en las gasolinas y el diésel son desproporcionadas y representan un atentado a la economía de las familias mexicanas, por lo que calificó de comprensibles las manifestaciones de repudio desde el domingo en el país.

Nos parece desproporcionado que el gobierno traslade toda la carga al consumidor final y no haya voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales, sostuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado.

Señaló que si bien la organización ha impulsado la libre competencia y ha aportado propuestas para aplicar la reforma energética, dijo no estar de acuerdo en que el usuario final resulte el más afectado con el gasolinazo.

Criticó que el componente de impuestos que tienen los precios de gasolinas y diésel es de 40 por ciento, por lo que llamó al Congreso de la Unión a revisar y hacer ajustes a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, a fin de aminorar los perjuicios. Planteó también revisar los porcentajes considerados en la fórmula para fijar los precios y propuso bajar los impuestos respectivos, pues hay gran preocupación entre los empresarios por el impacto inflacionario que tendrá el alza.

Critican importaciones

Sobre las importaciones, dijo que es de entender que los subsidios a las gasolinas son inviables y regresivos, pero Petróleos Mexicanos (Pemex) no “puede seguir absorbiendo las pérdidas por las transacciones de compraventa de gasolina, sobre todo la importada, que ascienden a 50 mil millones de pesos anuales.

Es evidente que Pemex no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para seguir como proveedor único de combustibles, por lo que se requiere una transición rápida y efectiva para evitar que las pérdidas acumuladas la lleven a una situación insostenible.

Por ello, criticó el incremento de las importaciones de gasolinas y diésel en los años recientes, a consecuencia de la limitada e ineficiente infraestructura de refinación con la que cuenta el país. Las refinerías operan a menos de 60 por ciento de su capacidad por su obsolescencia y falta de mantenimiento o reconfiguración, dijo. Incluso reveló que las importaciones superan 60 por ciento del consumo nacional.

Si se logra una capacidad de operación superior a 90 por ciento en las refinerías dejaríamos de importar petrolíferos equivalentes a 500 millones de dólares al mes, que al año representarían ahorros por casi 6 mil millones de dólares, con lo que se reduciría la salida de divisas y se generaría más empleo y derrama económica.

En tanto, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que las protestas por el gasolinazo son lógicas y comprensibles. Hay malestar por el alza de 20 por ciento; y si bien la liberalización de los precios va en sentido correcto, el impacto inflacionario será importante, dijo en entrevista.

Agregó: esa medida, aunada al incremento en las tarifas eléctricas decretada este lunes, implicará más presión. Por ello, el CCE solicitó medidas inmediatas en materia fiscal, gasto e ingresos para evitar afectaciones a los bolsillos de los mexicanos y enfrentar los obstáculos económicos.