Ni la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en 2015 sirvió para que el gobierno federal invirtiera en reforzar la seguridad del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, Altiplano, localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, revela información del Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs).

El gobierno federal sólo dispuso un millón de pesos para mantenimiento del Cefereso en 2015, y desde 2012 no ha destinado recursos para reforzar la seguridad del centro penitenciario, en el que se encuentran la mayor parte de los delincuentes considerados de alto riesgo.

De acuerdo con información del Oadprs, en el Cefereso número 1 se invirtieron en mantenimiento 848 mil 891 pesos en 2007 y 2008, y un millón de pesos en 2015, año en que escapó Guzmán Loera.

Para el reforzamiento de medidas de seguridad, a ese Cefereso se destinaron, de 2007 a 2009, 7 millones 42 mil 634 pesos, más 81 mil 266 dólares; posteriormente, entre 2011 y 2012 se invirtieron 3 millones 331 mil 320 pesos. No se refiere ningún otro gasto entre 2015 y 2016, a pesar de que los datos fueron proporcionados en respuesta a una solicitud de información pública del pasado 2 de septiembre.

El reporte oficial da cuenta que solamente el Cefereso número 4, en Nayarit, y el Complejo penitenciario de Papantla contaron con recursos multianuales para reforzar medidas de seguridad, entre 2012 y 2016. En el primer caso se otorgaron 2 mil 176 millones 559 mil 276 pesos, en tanto que a la prisión en Tamaulipas se asignaron 171 millones de dólares.

Aparte del Cefereso número 1, 12 prisiones recibieron recursos entre 2007 y 2012, aunque el gobierno federal opera 17 reclusorios con capacidad para 33 mil 888 internos.

A los Ceferesos 1, 2, 3, 4 y 5 se les dieron recursos para mantenimiento y seguridad, y a los 6, 7, 8, 9, 10 y el de Morelos sólo para seguridad, igual que a los complejos de las Islas Marías y Papantla.