a economía empieza el año con alzas significativas de los precios, incluidos las tasas de interés y el dólar. Igual va al alza el nivel del endeudamiento público. De tal manera, se acentúa la inestabilidad en el terreno fiscal y financiero y sus repercusiones adversas sobre la actividad productiva y el empleo. Este es el penúltimo año del sexenio y las connotaciones políticas de la precaria situación se hacen más notorias.

Para rematar, existe una abierta contradicción entre las posiciones que al respecto mantienen la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. La primera sostiene que el fuerte aumento de los precios de la gasolina y el diésel no deberá tener un impacto inflacionario; que el ajuste previene un mayor recorte del gasto público del que se había proyectado y que, además, servirá para imponer un sistema de fijación de precios de esos combustibles que no dependan más de los impuestos y sobreprecios derivados de las necesidades de ingresos del gobierno, siempre en penuria.

El banco central discrepa y apunta a que estos precios más altos sí repercutirán en el aumento de la inflación, al trasladarse a los demás productos e incidiendo así de modo más general en los precios de aquellos bienes y servicios más alejados del efecto directo de trasmisión de los costos.

Esto haría que la previsión de la franja superior de la inflación superara el 4 por ciento anual previsto. Hay quienes estiman que la tasa de crecimiento de los precios podría llegar en los meses siguientes a 5 por ciento.

Ambas partes admiten que el impacto de la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar debe agregarse a la dinámica de la inflación, al igual que el aumento de los salarios mínimos.

Según el análisis de la junta de gobierno del banco central, el problema esencial de la inestabilidad radica en los desajustes de las finanzas públicas. La deuda pública está en su nivel más alto y se prevé que crezca en 2017.

Así pues, las posiciones están abiertamente contrapuestas. En el centro de la propuesta del gobierno está el proceso de fijación de los precios de la gasolina que impone Hacienda. El argumento es que las condiciones de la oferta (costos del producto y del abasto) y de la demanda deberán regir en las 90 regiones en las que la Comisión Reguladora de Energía ha dividido al país.

Este es un esquema ciertamente complicado y no muy transparente. No se advierte que se satisfagan las pautas de precios y abasto en el mercado y este es un asunto crucial. Habrá regiones con desventajas y se agrandarán las ineficiencias en la asignación de los recursos.

Ya se comprobará si es que el mercado y la competencia entre quienes se hagan con la gasolina y la distribuyan lo que ordenaría la disponibilidad, los costos y los precios.

Pero nada de esto queda muy claro en el esquema previsto, pues para empezar se parte de la idea de que el duro ajuste que se impone a partir del primero de enero y que seguirá en febrero deriva expresamente de una necesidad fiscal para hacerse de recursos y mitigar los recortes del gasto.

La idea, entonces es que hay que profundizar en los términos de la injerencia oficial en la regulación del mercado para que luego –¿cuándo?– hacer que éste funcione según lo conciben los responsables de todo este esquema. Es una postura omnipotente, incluso para un Estado y un gobierno y una estructura económica que fuesen muy eficientes, lo que no es el caso.

Esta es una lógica muy cuestionable y, la verdad, de inicio es poco convincente. El gobierno se coloca en una postura no sólo de ordenador, sino de creador de un mercado de combustibles, asunto siempre muy comprometido, sobre todo cuando no se ha arreglado de fondo el armazón del fisco: la fuente y los usos de recursos de los que se allega de la sociedad.

Esta lógica no es compartida por los agentes económicos, como se aprecia en el hecho de que hay previsiones de que el precio de la gasolina pueda llegar hasta 30 pesos por litro.

Se dice que todo este asunto no tiene que ver con la reforma energética, pero no pueden separarse. ¿Cómo puede regularse el mercado si no se cuenta con ninguna capacidad de producción interna de gasolinas que pueda usarse como instrumento de participación en la oferta?

Esta es la consecuencia de la destrucción de la industria petrolera del país. Lo que hay es una persistente fragilidad fiscal del gobierno. Hágase un recuento de las necesidades por cubrir, por ejemplo: salud, educación, pensiones y demás y, en especial, en la propia inanición de Pemex.

Estamos en un caso de estudio típico del surgimiento y la reproducción de los desequilibrios tal y como se enseña en un curso universitario de economía. La inflación responde a un incremento de costos y un choque del exterior, se complica con la persistencia del déficit fiscal y se expresa en más devaluación del peso y un renovado impulso de la inflación, incluyendo salarios, intereses y toda una serie de contratos. Las expectativas inflacionarias se reproducen y se agrandan los desajustes fiscales y monetarios. La rueda ya está rodando y cada vez más de prisa.