ientras el presidente Peña Nieto descansa jugando golf en exclusivo resort de Nayarit, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sostiene que el aumento del precio de las gasolinas y el diésel no debe asustar a los consumidores, porque con el nuevo esquema se divorciará el precio del petróleo de razones tributarias o políticas. Y que veremos en consecuencia, momentos y días donde suba, y momentos y días donde vuelva a bajar. En cuanto a la inflación, no será grave; estará bajo control. En medio de tanta inconformidad ciudadana, los legisladores federales se fueron de vacaciones y con buen aguinaldo, pagado con nuestros impuestos. Terminó 2016 con los peores augurios para el nuevo año y sin que sepamos cuántos murieron en el mercado San Pablito, en Tultepec. Mientras, las autoridades investigan la causa de la tragedia (apunta a corrupción y fallas en los sistemas de seguridad), queda para la historia el vergonzoso papel del gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, que aprovechó la tragedia para hacerse publicidad.

Y mientras los columnistas de los medios impresos y los noticiarios de la televisión más afines al gobierno ocultan la irritación por el aumento de la gasolina, nada dicen nuestras autoridades de los sobornos pagados en México por Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción. Gracias a una corte federal de Nueva York, se supo que entregó por lo menos más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de contratos de obra pública. Entre los que recibieron sobornos figuran algunos directivos de Petróleos Mexicanos. ¿Y los demás corruptos?

La lista de empresas que han dado también sobornos la engorda Teva Pharmaceutical Industries, con sede en Israel. Tuvo que pagar 519 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos para resolver lo mejor posible una investigación sobre sus prácticas irregulares de mercado y ventas en nuestro país, Rusia y Ucrania. Teva es el mayor fabricante de medicamentos genéricos del mundo, y en sus negociaciones para dar por terminado el problema con la justicia del vecino país, sus directivos reconocieron haber sobornado a médicos al servicio del gobierno mexicano. Por lo menos desde 2005. Sobre este caso, también silencio sepulcral de nuestras autoridades.

México comienza el año con una mayor extensión de áreas naturales protegidas en tierra y mar. Suman 181, pero de acuerdo con la dependencia responsable de ellas, para garantizar su buen manejo se requiere casi el doble del presupuesto actualmente aprobado por el Congreso de la Unión. Si hubiera dinero suficiente, sería posible contar con más personal capacitado y salarios decorosos. Además, urge resolver no pocos conflictos existentes con las comunidades que viven en dichas áreas, y que la mayoría de las veces no fueron consultadas a la hora de convertirlas en protegidas.

Tampoco comienza bien el año en Yucatán, donde el gobierno estatal declaró su territorio libre de cultivos agrícolas genéticamente modificados, mejor conocidos como transgénicos. Lo hizo para proteger, entre otras actividades, la apicultura, actividad muy importante en dicha entidad. La Presidencia de la República demandó ante la Suprema Corte de la Nación dicho decreto por violar la Constitución política del país. Alega que la medida del gobierno yucateco no contó con el aval de la Secretaría de Agricultura federal. Ésta, como se sabe, favorece la siembra de transgénicos. Organizaciones agrarias, grupos científicos y defensores del medio ambiente y los recursos naturales han advertido que la presencia de cultivos transgénicos, como la soya, conlleva un paquete tecnológico del cual hace parte, destacadamente, un agroquímico con bien ganada mala fama internacional por sus efectos nocivos en la salud humana y el ambiente: el glifosato.

El editor Andrés León Quintanar me dijo hace cuatro años que este sexenio terminaría en medio de una gran crisis, que el PRI y sus aliados le causarían al país enormes daños económicos y sociales. Le critiqué su pesimismo. Hoy reconozco que tenía razón.