Por cuarta ocasión en esta administración, la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, encargada de los menores de edad que cometen delitos, quedó acéfala.

A Elisa Lavore Fanjul, quien hasta el viernes pasado ocupaba este cargo, le fue solicitada su renuncia, pese a la versión oficial de que ella había abandonado el cargo, que asumió en enero de 2016.

En entrevista para este diario, la ex funcionaria explicó que efectivamente este año, bajo su tutela se registraron incidentes violentos en las comunidades para adolescentes al “trastocar equilibrios internos, que muchas veces involucraron a funcionarios, y privilegios que algunos internos habían obtenido. Tratar de desmantelar estas situaciones “generó muchas molestias.

Desmantelar redes de privilegios e irregularidades y corrupción que logramos identificar generó estos conflictos. Además, con el cambio al Nuevo Sistema Penal Acusatorio los jóvenes que se quedaron en internamiento son por delitos de alto impacto, reincidentes y con historias de violencia más complejas, comparados con los adolescentes en el sistema de externamiento.

De acuerdo con la ex funcionaria, los perfiles de los adolescentes que cometieron delitos de alto impacto son muy complejos y necesitan de una atención educativa especializada, que no se ha podido concretar.

El área carece de recursos y no tiene especialistas suficientes, como sicólogos. Además, la parte de siquiatría necesita estar más articulada con las áreas de sicología, trabajo social y educativa, y que no trabajen de manera fragmentada, consideró.

Hasta el viernes pasado Elisa Lavore Fanjul era titular de la Dirección General de Tratamiento para AdolescentesFoto La Jornada

Lavore Fanjul aseguró que la dirección a su cargo entregó los informes requeridos por la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, tanto a mitad de año, cuando la llamaron a comparecer, como la última semana de diciembre, pero que nunca fue convocada a las mesas de trabajo para revisar los temas de las comunidades para adolescentes, tal como se acordó.

El papel de la Asamblea Legislativa es clave a nivel presupuestal. Es un tema crítico, no sólo porque no hay recursos para cubrir cuestiones básicas de seguridad ni para las necesidades de infraestructura y atención para los adolescentes. Faltan materiales para que operen los talleres y equipo de cómputo para que trabajen, señaló.

La ahora ex funcionaria explicó que durante su administración se involucraron instituciones académicas como las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, así como el Instituto de Psiquiatría y organizaciones como el Unicef para tener protocolos de atención médica y programas educativos especializados para el problema de adolescentes que cometieron delitos de alto impacto.

Sin embargo, reconoció, el reto del próximo año será que la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos local este año, realmente se concrete y sirva para que mejoren las condiciones de los jóvenes.