Integrantes de la Asociación Número Uno de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado Municipios y Organismos Descentralizados de Guerrero denunciaron que el gobierno de Héctor Astudillo Flores jinetea más de 105 millones de pesos de recursos federales que no llegan a los trabajadores.

El presidente de la agrupación, Ciro Lezama Cruz, dijo que el gobierno estatal no pagó el retroactivo correspondiente a diciembre. Le pedimos que envíe 105 millones de pesos de los programas federales, con los que se pagaría el retroactivo de 50 por ciento de 2015; el mismo porcentaje por el Día de las Madres, así como el bono de 50 por ciento de esa festividad correspondiente al presente año.

Lezama Cruz insistió en que más de 4 mil empleados han resultado afectados por esta retención de fondos. Recalcó que el gobierno estatal les adeuda más de 30 millones de pesos, que corresponden a un monto otorgado por el gobierno federal al estatal, pero ya estamos a fin de año y no vemos nada claro.

Advirtió que de continuar esta situación no quedará otro camino que defender nuestros derechos. No permitiremos que nos tomen el pelo.

Empresarios de QR exigen vetar gravamen inmobiliario

Representantes de una treintena de cámaras empresariales, cuerpos colegiados y asociaciones civiles de Quintana Roo formaron un frente para oponerse al incremento de 50 por ciento a la tasa del impuesto sobre adquisición de inmuebles que aprobó el Congreso local.

Los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ely Peniche; de la Asociación Mexicana de Propietarios e Inversionistas, James Tobin; de la Confederación de Cámaras Empresariales, Isaac Reza; de la Asociación de Plazas Comerciales, Eduardo Galaviz Ibarra, y de la Cámara Nacional de Vivienda, Leonardo Garrido, entre otros, solicitarán al gobernador Carlos Joaquín Gonzalez que ejerza su derecho de veto.

Advirtieron que en caso de que el mandatario no frene esta reforma interpondrán amparos, pues consideran que el aumento al gravamen provocará desempleo y desalentará las inversiones en el sector de bienes raíces.

Explicaron que disponen de 30 días para interponer un primer amparo, una vez que se publiquen las modificaciones a la ley en el Periódico Oficial del Estado, y el segundo 15 días después de que la medida les afecte directamente.