l presidente Enrique Peña Nieto solicitó el 13 de diciembre pasado a la Suprema Corte de Justicia que invalide el decreto del gobernador de Yucatán que declara al estado libre de transgénicos. El decreto, publicado el pasado 26 de octubre, fue una respuesta a los varios amparos y acciones de resistencia emprendidas por las comunidades mayas; los apicultores; las organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, de derechos humanos; los académicos y científicos comprometidos; la población, que por muchas razones no quiere transgénicos.

El pueblo maya, tradicionalmente se ha dedicado a la agricultura, la apicultura, la recolección, el manejo y cuidado de la selva. La milpa maya es un ejemplo de diversidad y ciencia campesina. Su experiencia en meliponicultura y apicultura los coloca entre los más importantes exportadores de miel; mucha de ella orgánica, a los mercados europeos. La península también es uno de los sitios mejor conservados, en ella se encuentran 32 áreas naturales protegidas.

Pero en 2012 Monsanto recibió la autorización para sembrar, de forma comercial cada año, 253 mil hectáreas de soya transgénica, resistente al herbicida glifosato, en siete entidades del país entre las que están incluidas grandes extensiones en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Desde 2007, el gobierno federal había decidido recuperar el cultivo de soya –ahora transgénica– que había destruido con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). México nunca ha sido autosuficiente en soya. Antes de él se llegaron a producir 500 mil toneladas en 300 mil hectáreas, ninguna de ellas en la Península de Yucatán. Pero la agroindustria de alimentos y pecuaria demanda cada vez más soya, y México importa más de 90 por ciento, principalmente de Estados Unidos. La Secretaría de Agricultura impulsó el programa Pro oleaginosas, intentando reconvertir la milpa maya –según ellos, no productiva–, a pesar de que sustenta a la población rural y destinó como subsidio mil 500 pesos por tonelada producida, además de garantizar el abasto de semillas.

Con la Ley de Bioseguridad aprobada (LBOGM, 2005) y los subsidios disponibles, muchos de los colonos menonitas y otros actores iniciaron el cultivo con su paquete tecnológico intensivo en agrotóxicos a partir de la renta de tierras. Así población y cultivo foráneos se establecieron en la península.

El rechazo de contenedores de miel desde Europa por estar contaminada con polen transgénico prendió la señal de alarma, y las comunidades mayas y las asociaciones de apicultores decidieron evitar ser despojadas de su forma de vida, su trabajo, su historia, su identidad y su territorio, e iniciaron la defensa legal en contra del cultivo de soya transgénica.

En la Península de Yucatán el pueblo maya se encuentra dividido en los tres estados y la defensa ha seguido distintos cauces. En Yucatán y Campeche los amparos fueron aceptados, aunque la siembra de soya continuó. Demandaron la falta de consulta indígena, atentar contra el derecho a un ambiente sano y no aplicar el principio de precaución, a pesar de que las instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas habían dictaminado no permitir la siembra comercial de soya resistente al glifosato. A los amparos siguieron las apelaciones de Monsanto, Sagarpa y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y los procesos de consulta indígena.

En Quintana Roo, el primer amparo no fue aceptado, y las comunidades y asociaciones apícolas mayas, agrupadas en el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar, iniciaron otro juicio en el que demandan la cancelación del permiso de siembra de soya transgénica otorgado a Monsanto.

Los casos han sido llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU. Las consultas indígenas de Campeche y Yucatán han estado plagadas de ilegalidades y presiones a las comunidades, a sus dirigentes y asesores, quienes incluso han sido amenazados de muerte. La Secretaría de Agricultura se ha dedicado a promover las ventajas del cultivo de soya en lugar de brindar información imparcial; se ha permitido la presencia de menonitas para intimidar a los mayas en las sesiones de consulta. La siembra de soya transgénica es un instrumento de despojo del territorio y futuro del Pueblo Maya.

Así, el decreto del gobernador de Yucatán que declara al estado libre de transgénicos fue una buena noticia en un ambiente hostil, en el que los gobiernos federales y estatales y el Poder Legislativo han estado sistemáticamente a favor de las trasnacionales. El presidente Peña Nieto, fiel a sus patrones, solicita a la Suprema Corte que vete el decreto.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)