nte el desabasto de gasolinas reportado durante la semana reciente, con diversas repercusiones en Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, Petróleos Mexicanos (Pemex) llamó a la población a evitar compras de pánico y a confiar en el pronto restablecimiento de los niveles normales de suministro.

De acuerdo con las versiones dadas a conocer por la empresa, la escasez del combustible se explica por una combinación de factores fortuitos, entre ellos un incremento de 50 por ciento en la demanda o el cierre de ductos, debido a la localización de tomas clandestinas.

Por su parte, los empresarios gasolineros han asegurado que la generalización del desabasto en amplias zonas del país se debe a la incapacidad financiera de Pemex para pagar por los combustibles importados, así como a una caída dramática en la capacidad operativa de las refinerías instaladas en el país. Lo cierto es que el actual fenómeno de escasez se produce en el contexto del peor año de producción petrolera mexicana, en el cual se vivió un pico histórico en la importación de gasolinas, de acuerdo con datos del propio organismo.

Si a estos factores objetivos se suma el ánimo social de incertidumbre y temor ante la inminente liberación de los precios de los combustibles a partir del año entrante, resulta inevitable que los consumidores –en especial los de zonas rurales y agrícolas– recurran a las llamadas compras de pánico para asegurar la provisión de gasolina de sus vehículos y empresas. Cierto que tal conducta produce un círculo vicioso, pues la adquisición de cantidades innecesarias del combustible lleva en el corto plazo a un inevitable recrudecimiento del problema de abasto.

Romper con ese círculo vicioso es responsabilidad de la autoridad, la cual debe, en primer lugar, dejar de minimizar las dimensiones del problema y emprender una estrategia informativa veraz, creíble y oportuna. Pero lo más importante es que se adopten las medidas necesarias para lograr una distribución eficiente de los carburantes en las entidades afectadas.

Por último, el desabasto de gasolinas y su impacto ante la opinión pública conlleva una grieta más en la aplicación de la reforma energética, promovida con el argumento de que habría combustibles más baratos y, se daba por sentado, disponibles.