Mexicali, BC.

A diario una veintena de mexicanos solicitantes de asilo político en Estados Unidos deambulan por la garita Internacional de San Ysidro-El Chaparral, porque en las entrevistas de Aduanas y Protección Fronteriza rechazan sus argumentos para huir de México y sólo procesan sus datos para generar antecedentes migratorios.

Las organizaciones que integran la Coalición Pro Defensa del Migrante en Baja California han recogido testimonios de mexicanos que hicieron ese trámite y su petición fue rechazada. Además, señalaron que durante las entrevistas son grabados en video y forzados declarar en favor de la política migratoria estadunidense para evitar un futuro proceso de demanda colectiva en contra del vecino país.

Las organizaciones criticaron el doble discurso de los gobiernos federal, estatal y municipal, y señalaron que deben reconocer las aportaciones económicas, sociales y culturales de los migrantes. Debemos solidarizarnos con el peregrinar que viven en su intento por tener una vida digna sin violencia y reconocerlos como portadores de derechos, expresaron las organizaciones no gubernamentales.

Pidieron elaborar un protocolo de atención integral a la población migrante, desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo y repatriados, así como elaborar un registro oficial de ciudadanos extranjeros en tránsito que arriban por la frontera sur y pasan por Baja California, a fin de contar con datos oficiales de personas en movimiento y desaparecidas, incluidos cientos de connacionales originarios de Guerrero y Michoacán, principalmente, que llegan a Tijuana para solicitar asilo en Estados Unidos,

Asimismo, solicitaron se agilice el ingreso de migrantes haitianos y africanos a Estados Unidos para evitar el colapso de los albergues de Tijuana y Mexicali.

Demandaron garantizar el derecho de petición de asilo de los migrantes de otras nacionalidades, pues se violan acuerdos y tratados internacionales al impedirles el ingreso para entrevistas de asilo en Estados Unidos. La atención gubernamental y del sector social debe ser igual para los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades; no debe haber trato diferenciado, sostuvieron.

Al gobierno de Baja California le solicitaron garantizar la seguridad de los migrantes y de los espacios donde habitan, pues algunos no cumplen medidas de seguridad, así como apoyar económicamente a los albergues que han atendido en mayor proporción a la población en tránsito.

Instaron a diseñar un plan de inserción social y laboral para los migrantes que decidan quedarse en Baja California y regularizar la situación de los extranjeros en tránsito, para evitar que sean explotados laboralmente.

Es determinante, sostuvieron, desarrollar un plan preventivo ante las amenazas de deportaciones masivas del nuevo gobierno estadunidense y garantizar la atención a los repatriados.