Más de 700 organizaciones de la Red de Pequeños Productores de Comercio Justo en Latinoamérica y el Caribe y pobladores de diversos municipios de Yucatán, Campeche, Guanajuato, Quintana Roo y Sinaloa refrendaron su respaldo a la declaratoria de Yucatán libre de transgénicos, pues responde a la demanda ciudadana de respeto a los derechos a la alimentación de calidad, de protección a la salud, a un medio ambiente sano y al derecho de la autodeterminación del pueblo maya.

Tras conocer la petición de la Presidencia de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular el decreto 418/2016 emitido por el gobierno de la entidad el 26 de octubre, que declara a Yucatán libre de transgénicos, la organización Ma OGM expuso que en 2012 las comunidades mayas solicitaron a la Secretaría de Agricultura y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados establecer zonas libres de transgénicos, como lo indica el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

La respuesta fue que no existen normas para regular los productos orgánicos, por ello las comunidades decidieron interponer amparos contra la siembra de transgénicos, ya que pone en riesgo la biodiversidad y afecta la actividad apícola, de la cual dependen directamente 10 mil familias. Con el decreto, el gobierno estatal subsanó la inoperancia y la desatención de dichas instituciones, expuso la agrupación.

El gobierno de Yucatán defenderá su postura, dijo Eduardo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del gobierno de Yucatán. Se revisarán los documentos que envíe la SCJN –que hasta ayer no se habían recibido–, pues desde 2011 se han comentado los riesgos no previstos en las autorizaciones otorgadas.