Al concluir la segunda visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, el gobierno federal aseguró ayer que las observaciones de esta instancia serán de relevancia para el fortalecimiento de las acciones que buscan prevenir y erradicar esa aberrante práctica.

Durante su estancia en el país del 12 al 21 de diciembre, los cuatro integrantes del subcomité dialogaron con autoridades de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina-Armada de México y Salud; el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República, entre otros.

También se reunieron con legisladores, integrantes de organizaciones sociales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En la sesión de cierre de la visita, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), subrayó el valor de la presencia del mecanismo en México, cuyas observaciones serán de relevancia para el fortalecimiento de las acciones que impulsan las autoridades a fin de prevenir y erradicar la tortura.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), resaltó la importancia del proyecto de ley general sobre tortura, y del diálogo con el Congreso de la Unión para asegurar que esta norma se apegue a los más altos estándares internacionales, y sea aprobada lo más pronto posible.

En un comunicado conjunto de la SRE y la SG, el subprocurador de Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ratificó el compromiso de esta dependencia con la erradicación de la tortura. Destacó también la prioridad que representa para la institución el fortalecimiento de las capacidades de los agentes del Ministerio Público, a fin de atender adecuadamente los desafíos en la materia.

El Subcomité de Prevención de la Tortura resaltó la apertura y cooperación de todas las autoridades, que le permitió visitar 32 lugares de detención –a nivel federal, estatal y municipal– en Baja California, la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, incluyendo centros de readaptación social, estaciones migratorias, centros siquiátricos y prisiones militares, entre otros.