Tijuana, BC.

Ante el repudio a la nueva Ley Estatal de Aguas aprobada por el Congreso de Baja California, que permite la privatización del servicio y el aumento de tarifas a partir del primero de enero, el gobernador panista Francisco Kiko Vega de Lamadrid defendió su iniciativa al asegurar que, en cualquier negocio es necesario actualizar los costos para tener un margen de utilidad.

Vega de Lamadrid, quien suele defender sus posturas pro empresariales con el argumento de que era hombre de negocios antes de ser gobernador, explicó que desde hace ocho años “no se han movido las tarifas, pero sí los costos. La devaluación del peso, la gasolina, la energía eléctrica, los salarios... ¿han permanecido igual? ¿No ha habido un impacto?

Yo le pregunto a cualquier empresario que nos diga cómo se le puede hacer en un negocio para no actualizar los costos y mantener margen de utilidad, si en ocho años no hubo ajustes. Habiendo devaluación, combustibles caros, ¡pues es lógico!, expresó.

La Ley Estatal de Aguas fue aprobada la madrugada del martes por la legislatura local con 15 votos en favor, 13 del Partido Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática y uno de Movimiento Ciudadano. Hubo 10 votos en contra, de los partidos Morena, Encuentro Social (PES), de Baja California y del Trabajo, que advirtieron que el aumento al servicio sería de al menos 20 por ciento.

La ley prevé suspensión del servicio por retrasos de tres meses en el pago y alentará la metropolización de los organismos operadores; asimismo, permite la participación privada total o parcial, además de que aplicará tarifas indexadas a la inflación.

El PES anunció que interpondrá una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que la nueva ley es inconstitucional y viola la autonomía de los municipios.

La sesión en la cual se votó la nueva ley de aguas se inició la noche del lunes y concluyó la mañana del martes. Trabajadores de las comisiones que operan el servicio intentaron evitar que se votara. Al final se aprobaron las modificaciones, con la promesa de que se respetarían los derechos laborales de los sindicalizados.

Vega de Lamadrid adujo que desde 1969 no se había hecho una reforma importante a la ley y la tarifa actual está vigente desde hace ocho años, pese a factores muy importantes, sobre todo económicos, que inciden fuertemente en el costo del agua.

Mencionó que desde su primer día como gobernador comenzó a trabajar en el suministro de agua, que es prioritario para su mandato. Anunció que está por iniciarse la construcción de tres plantas desaladoras que se sumarán a una que ya está operando en Ensenada. Además, afirmó, se requerirá una inversión importante en redes de conducción, porque algunas tienen hasta 30 años.