El pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano con el fin de crear una norma general para impulsar la construcción de casas para los trabajadores derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda, que permite la edificación hasta de un nivel adicional a lo permitido en los planes de desarrollo de poligonales de la zona centro y oriente de la ciudad; hasta de nueve pisos en áreas próximas a Centros de Transferencia Modal (Cetram) e impide la venta de la propiedad por siete años.

Indica que el precio final de venta no deberá superar el monto máximo del crédito básico, sin coparticipación de entidades financieras ni cofinanciamientos.

En tanto, las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda no habían concluido aún ninguno de los dictámenes de las iniciativas del paquete económico de 2017, donde se señaló que hay coincidencia de todos los grupos parlamentarios de que los primeros entes ejecutores de gasto que deberán ser beneficiados con un incremento en la proyección de los ingresos y egresos son las 16 delegaciones.

Donde no hay acuerdo, explicaron legisladores de ambas comisiones, es en el mecanismo para asignar esos recursos que se calculan en unos 4 mil millones de pesos y que se obtendrían de aumentar las estimaciones de la recaudación de la ciudad, sin subir impuestos. En el debate, explicaron, están también posibles reasignaciones en áreas de la administración central.

Alrededor de las 21 horas se decretó un nuevo receso hasta que las comisiones unidas tengan listos los dictámenes y no se descartó que pudieran reanudar hasta domingo o lunes.

La norma de vivienda para trabajadores se aprobó con 36 votos a favor y 17 en contra de los diputados de Morena, que consideraron que el dictamen no estaba suficientemente discutido.

Antes, el pleno aprobó por unanimidad de los 51 legisladores presentes en la sesión las observaciones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Ley de Vivienda que suprimen el concepto de captación de plusvalía y señala que los pagos de mejoras, mitigación e incrementos de densidad se apliquen para mejoramiento del espacio público e infraestructura urbana en la zona donde se realizó la edificación, permitiendo a la Secretaría de Finanzas asignar un porcentaje de esos recursos a captación de reservas territoriales, edificación de vivienda de interés social y popular, y producción social del hábitat.