El máximo órgano de decisión y representación de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Universitario, manifestó su preocupación por el proyecto para modificar la Ley General de Archivos que actualmente se discute en el Senado.

Al finalizar su última sesión ordinaria del año, efectuada ayer en la Antigua Escuela de Medicina, el consejo dio a conocer un pronunciamiento en el que debido a la trascendencia del tema llamó a realizar una amplia consulta a la sociedad y la academia para generar un proceso de deliberación público y abierto sobre el asunto.

El rector Enrique Graue Wiechers alertó que las modificaciones planteadas para esta normativa pondrían en riesgo la investigación histórica.

Diversos sectores han hecho llamados de atención en torno a esta iniciativa de reforma porque se considera que contiene elementos de regresión democrática y censura, al otorgar la rectoría de la materia a la Secretaría de Gobernación (SG), por lo que se ha pedido a los senadores no aprobarla en esos términos.

Ayer, durante la dicusión de asuntos generales, varios consejeros se pronunciaron contra esa propuesta. Por ello, el Consejo Universitario emitió un pronunciamiento: Los archivos históricos deben ser públicos y de interés general y deben considerarse fuentes de acceso público. Ello implica que ha de garantizarse el acceso a la documentación histórica y la misma debe preservarse intacta.

Añadió que en atención al principio de máxima publicidad, contenido en el artículo 6 de la Constitución, resulta fundamental garantizar que la documentación sólo permanezca en archivos de concentración con causa legal justificada. La información debe contenerse en archivos históricos. Ha de definirse un plazo temporal para su traslado a los mismos.

El consejo refirió que es necesario impulsar una política de autonomía en la materia, respaldada por un presupuesto suficiente que asegure la profesionalización de los procesos de valoración de la información, el respeto a aquellos archivos que por largo tiempo han constituido una pieza fundamental para el trabajo histórico, el patrimonio cultural y la construcción de la memoria, así como la puesta en marcha de una política pública que no esté supeditada a formas de control político.

Por separado, el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM manifestó su preocupación ante la inminente aprobación de la Ley General de Archivos.

En un escrito publicado en la edición de ayer de la Gaceta UNAM, este órgano del subsistema de la investigación en Humanidades –donde están representados los sectores de todas las entidades universitarias del área– remarcó que en el artículo 36 de la iniciativa se define que los documentos contenidos en archivos históricos son públicos y de interés general, y añade que los documentos transferidos a un archivo histórico no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales.

Sin embargo, acotó el Consejo Técnico de Humanidades, no se dice que deben considerarse fuentes de acceso público, como sí lo define la ley federal vigente.