Los aspirantes del PRI a cargos de elección popular deberán firmar una carta de autorización para que su partido los investigue en términos patrimoniales y de salud (consumo de drogas).

El compromiso por escrito incluye la venia para que sea difundida la información relativa a su situación patrimonial, fiscal o entorno social, así como de responsabilidades penales o administrativas.

La estrategia de blindaje ante la intromisión del crimen en la política y para evitar el lavado de dinero por la vía electoral, aprobada el miércoles por este partido, es prácticamente la misma que se echó a andar en la víspera del proceso 2015-2016.

El PRI busca mantener en la contienda de junio de 2017 los espacios en su poder y recuperar los perdidos hacia la contienda presidencial de 2018.

Las tres gubernaturas en disputa el año próximo (estado de México, Coahuila y Nayarit) son gobernadas actualmente por el tricolor, mientras que buscaría conservar el mayor número posible de alcaldías veracruzanas, entidad que este año perdió por primera vez.

En cuanto a precampañas y campañas, los consejeros priístas autorizaron emplear un método de comunicación sustentado en la explotación de las redes sociales y de contacto directo con la gente y un mensaje central de transparencia y honestidad.

De acuerdo con la estrategia electoral, el objetivo central del PRI son los nuevos votantes, así como auditar, validar y capacitar a las estructuras territoriales.

La comunicación efectiva es para promover un mensaje innovador y creativo, impregnado de soluciones y compromisos para los ciudadanos. Difundir un mensaje fresco y más cercano a los electores, se indica en el plan nacional electoral aprobado esta semana por los consejeros nacionales priístas.

El dirigente del PRI, Enrique Ochoa, expresó que este partido postulará a las personas más honorables y de mayor arraigo en su comunidad.