Las nuevas atribuciones legales concedidas al Estado en materia de protección a las víctimas del delito, aprobadas ayer en San Lázaro, generaron el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios (PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza y PES), que afirmaron que la legislación fortalecerá la asistencia y atención de las personas afectadas por ese flagelo.

No obstante, la fracción de Morena calificó su contenido de parcial, y el procedimiento legislativo para aprobarlo, de ilegal.

El argumento de los promoventes de la minuta redundó en subsanar las deficiencias de la ley y crear un mayor lazo de confianza entre la víctima y el Estado.

Así, se estableció la obligación de los estados de contar con un fondo de apoyo, asesoría jurídica y registro de víctimas, a fin de flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

También se define la figura de recursos de respaldo, como diversas erogaciones: alimentación, hospedaje y trasportación, entre otras, que deben ser concebidas como gastos operativos ordinarios que permitan a las víctimas obtener atención inmediata, adecuada y efectiva. Y se faculta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atraer los casos del fuero local relacionados con la atención y reparación de los afectados.

La CEAV dejará de ser un órgano colegiado y esta responsabilidad recaerá en un comisionado ejecutivo, que será nombrado por el presidente de la República previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en su atención, y ratificado por el Senado.

Frente esos postulados, Candelaria Ochoa (Movimiento Ciudadano) adujo que los derechos de las víctimas no se negocian ni se regatean, mucho menos se quitan.

Con dureza, Ernestina Godoy Ramos (Morena) ponderó que el dictamen “en lo inmediato resulta un pequeño avance, pero en el fondo es una afrenta a los colectivos de víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. Un tema tan sensible y de gran trascendencia dejó fuera a las víctimas mismas.

Es una vergüenza para esta Cámara la forma en que se procesó el dictamen, sin la consulta y el consenso de los afectados ni de las organizaciones. Además de que en la Comisión de Justicia no se permitió la discusión, denunció una vez que el documento era cosa juzgada.

Para la diputada Lía Limón (PVEM) es falsa la denuncia de haber marginado de la discusión a las organizaciones civiles. Se está modificando la comisión para que en lugar de ser un cuerpo colegiado sea unipersonal.

Martha Sofía Tamayo (PRI) defendió el contenido del texto, porque contiene la eficacia y eficiencia de la oportunidad, así como acceso al fondo de ayuda de asistencia y reparación integral, dijo.