Sacar a los militares de los cuarteles para combatir la delincuencia ha tenido un costo enorme, ya que más de 80 por ciento del personal de las fuerzas armadas recluido en prisiones militares, y más de 90 por ciento de los que se encuentran en prisiones federales, están acusados de cometer delitos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, señaló César Gutiérrez Priego, abogado que interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una denuncia por la violación a las garantías básicas de los militares que fueron emboscados en Culiacán, Sinaloa, el 30 de septiembre pasado.

Gutiérrez Priego agregó en entrevista que a partir de la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual indica que los delitos cometidos por soldados en contra de civiles son juzgados por el fuero común, los milicianos son procesados por delitos como desaparición forzada y tortura, en tanto que en el fuero de guerra se les procesa por el delito de desobediencia.

Los militares, añadió, se sientes abandonados, porque, considera, los altos mandos no los apoyan ni legal ni económicamente cuando están sujetos a proceso.

Explicó que el personal de tropa, que gana alrededor de 11 mil pesos mensuales, no cuenta con los recursos económicos para pagar un defensor particular, y los defensores públicos del fuero de guerra no les dan la atención que necesitan.

Respecto al tema económico, comentó que cuando están bajo proceso se les retiene 50 por ciento de su haber, dejando fuera el sobrehaber, que representa más de 60 por ciento de sus ingresos totales.