Bácum, Son.

Un comando irrumpió la madrugada del miércoles en la comunidad de Loma de Bácum y secuestró a la abogada de la tribu yaqui María Anabel Carlón Flores y a su esposo, Isabel Lugo Molina, principales opositores a la construcción del gasoducto Aguaprieta en tierras de la etnia.

Habitantes y autoridades tradicionales del pueblo de Bácum responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal, así como a la empresa Ienova Sempra Energy –que reanudó las obras del gasoducto–, de amedrentar a la tribu para que acepte la obra.

Horas después Carlón Flores fue dejada en libertad, pero no su esposo, cuyo paradero se desconocía al cierre de esta edición. La abogada relató que cuatro sujetos encapuchados los subieron con amenazas a un auto, el cual, dijo, iba resguardado por un automóvil oficial del gobierno de Sonora.

Luego nos subieron a un sedán y me dejaron cerca de Obregón; cuando me aventaron me dijeron que me dejara de chingaderas. Se llevaron a mi esposo en el auto que iba resguardado por la policía estatal, declaró.

La representante legal de los indígenas dijo temer por su vida, las de su familia y habitantes de su comunidad, quienes, apuntó, han buscado diálogo con las autoridades para llegar a un acuerdo sobre el proyecto gasero en el sur de la entidad.

¿Qué le voy a decir a la gobernadora (Claudia Pavlovich), si es su sistema? ¿Que cambie su sistema? Estamos amparados por sus leyes y ellos son quienes no las respetan, reprochó.

Horas antes miembros de la etnia denunciaron que los ocupantes de un automóvil con un logotipo de la Policía Estatal Investigadora embistieron a cuatro yaquis y los hicieron caer a un drenaje.

Ienova Sempra Energy reanudó el 8 de diciembre las obras del gasoducto, a pesar de una suspensión ordenada en octubre por el juzgado séptimo de distrito.

Camiones y tractocamiones de Ienova trasladaron tubos y tablas a territorio yaqui. Personal de la compañía realiza desmonte por la noches y la madrugada.

Después del reinicio de los trabajos, María Anabel Carlón Flores manifestó: Denunciaremos este desacato y esperamos que se haga valer la ley, o de lo contrario se pondrá en evidencia que la justicia no existe.

Martín Valencia, vocero de la autoridad tradicional de Loma de Bácum, dijo que esta acción es una agresión más de las que históricamente ha sufrido la tribu y mencionó los riesgos que correría la comunidad de Loma de Bácum al pasar el gasoducto tan cerca de asentamientos humanos. Una explosión tendría consecuencias terribles en tres kilómetros a la redonda, aseguró.

El gasoducto, que atravesaría 90 kilómetros del territorio yaqui a dos metros de profundidad, se inicia en el municipio El Sásabe, en la sierra de Sonora, en la frontera con Estados Unidos, y llegará al puerto de San Blas, Sinaloa.

El 6 de abril de este año pobladores de Loma de Bácum interpusieron un amparo para detener la instalación del gasoducto.

El 28 de octubre la empresa Gasoducto Sonora o Aguaprieta, filial de la trasnacional Ienova, dijo que ignoraría la orden del juez con el argumento de que el tendido no tiene que ver con la suspensión, pues el proyecto se desarrolla en territorio comunal de la tribu yaqui, lejos del pueblo Loma de Bácum, del otro lado de la carretera internacional número 15.

El 23 de noviembre la compañía dio a firmar a miembros de la etnia un convenio que incluía desistimientos del amparo y un contrato de servidumbre sellado por los siete pueblos yaquis restantes.