l pasado 6 de diciembre se inició en la Ciudad de México, la tercera Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, integrada por representantes de las comunidades de Bacajípare, Bosques de San Elías Repechique, Choréachi (Pino Gordo), Coloradas de la Virgen, El Mochomo, Huitosachi, Mala Noche y Mogótavo, así como las organizaciones que les aportan acompañamiento y defensa jurídica: Alianza Sierra Madre AC, Tierra Nativa AC y la Consultoría Técnica Comunitaria AC, integradas en la Red en Defensa del Territorio Indígena en la Sierra Tarahumara. Esta vez presentaron un informe en el espacio institucional de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al día siguiente ante una comisión del Senado. Con ese texto abordaron la situación de los derechos territoriales en esa importante región del país y señalaron su interés en visibilizarla, cuestión más que necesaria, pues los pueblos indígenas del norte han padecido los efectos de una suerte de centro y sur centrismo.

Poco se conocen las condiciones extremas de aislamiento, exclusión de políticas sociales, los impactos de la violencia y la presencia del narcotráfico en la región y el despojo de sus territorios y bienes naturales. Todo ello permeado por un marco de racismo que viven los pueblos rarámuri, ódami o tepehuán pima y warijío. Escaso ha sido el interés del Estado en todos sus niveles como lo son también los medios nacionales que dan cuenta de su situación.

El informe explica la vía agraria del despojo. La reforma agraria en la sierra Tarahumara (y muchos otros territorios indígenas del país) constituyó ejidos sobreponiendo superficies originales indígenas y tituló a terceros, muy frecuentemente no indígenas, en dichos territorios. A lo que se suma la depredación de los bosques mediante concesiones de aprovechamiento forestal también a terceros.

Una constante es la falta de consulta previa, libre, informada, con la finalidad de llegar a un acuerdo y con pertinencia cultural. La posesión ancestral resulta negada ante la indebida adjudicación de títulos de propiedad a particulares y los permisos de explotación forestal y turística a inversionistas privados y empresas de capital extranjero. Ahí encontramos el corazón de los litigios de las comunidades participantes en esta caravana: desde hace nueve años se busca anular títulos de propiedad en el caso de Mogótavo, o resoluciones presidenciales (caso de Choréachi); otorgamiento por Semarnat de permisos de aprovechamiento forestal a personas o núcleos agrarios extraños sin consultar a Choréachi y Coloradas de la Virgen; además, en los casos de Mogótavo y Choréachi, han demandado el reconocimiento de su territorio ancestral. A la fecha no han sido resueltos.

Por esta vía la comunidad de Mogótavo está demandando también la nulidad del Fideicomiso Barrancas del Cobre, que para fines de explotación turística fue creado sin consulta a dicha comunidad ni a las demás circunvecinas. Las abogadas y abogados que los acompañan han realizado una defensa jurídica ejemplar por la fuerza de sus argumentos y la voluntad de persistir ante los obstáculos, como la falta de reconocimiento de legitimación para solicitar justicia, las violaciones al debido proceso en perjuicio de las comunidades por no asegurarles los medios para comprender y hacerse comprender en su propia lengua, el retardo injustificado en la mayoría de los juicios promovidos, las cargas probatorias contrarias al ejercicio del derecho de autoadscripción reconocido a los pueblos indígenas.

En síntesis, estamos ante el fenómeno de la injusticiabilidad, pues aun cuando se obtienen sentencias favorables a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como ocurre en los casos de Huitosachi, o de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, el Poder Judicial no se está haciendo cargo de garantizar su estricto cumplimiento, quedando la ejecución dependiente de la lucha de fuerzas entre las partes, como si no se tratara de un proceso de ejecución de una sentencia irrevocable, señalaron.

La criminalización también está presente. Han asesinado a líderes de las comunidades sin que los crímenes sean esclarecidos, las organizaciones realizan su defensa en un clima de amenazas, hostigamientos, allanamientos de oficinas, auditorías a una de las organizaciones para sustentar difamaciones. Este informe constituye un espejo sobre la realidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas al reclamar sus derechos, también ofrece evidencias sobre la distancia aún enorme con el principio de convencionalidad derivado del artículo primero constitucional, sería un material imprescindible para que el Poder Judicial propiciara revisiones internas y el Poder Ejecutivo, federal y estatal, se aboquen a cumplir sus obligaciones de fondo. Como bien señaló el rarámuri Luis Pérez: nos dicen nómadas y creo que en el caminar por la justicia también somos nómadas.