os mexicanos pueden irse con toda tranquilidad a disfrutar de sus fiestas de temporada (y a los 15 de Rubí): sacrificados, cumplidores, varios de los senadores darán curso, mientras tanto, a los mecanismos legislativos que permitan construir los dictámenes relacionados con la ley de seguridad interior, de tal manera que en enero, regresando de las celebraciones, el pleno del Senado pueda conocer los trabajos realizados, someterlos a votación y aprobarlos.

Tan asombrosa celeridad podría ser acompañada de un milagro político similar, si los diputados destraban el tema del mando mixto policiaco y, ¡aleluya!, empezando 2017 se llega a tener una reformulación completa de los temas que preocupan a los altos mandos del Ejército y la Marina. Es tanta la vehemencia aprobatoria de los líderes de las cámaras que, inclusive, se está planteando la posibilidad de que haya un trabajo conjunto entre ambas, para que se vayan despejando con rapidez y puntualidad los puntos polémicos. ¡Y así dicen que los diputados y los senadores no trabajan!

El venturoso anuncio de la multiplicación de los afanes senatoriales estuvo a cargo del chiapaneco Roberto Gil Zuarth, quien fue secretario particular de Felipe Calderón (cuya madre, la señora Carmen Hinojosa, falleció ayer) y, durante esa administración, diputado federal, subsecretario de Gobernación y coordinador de la fallida campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota. Senador, gracias al paquete que se asignó el calderonismo en 2012, Gil Zuarth ha dicho que esos dictámenes pueden estar construidos antes de Navidad, aunque él es de la idea de que no se aprueben en caliente, proponiendo que se permita un lapso para que las inquietudes al respecto puedan ser conocidas y analizadas por la sociedad (entre posadas, Santaclós y Año Nuevo), para que en enero ya se pueda tener un periodo extraordinario de sesiones que formalice la voluntad tan raudamente acompasada de PRI, PAN y PRD, para dar a los jefes militares lo que han solicitado.

Las evidencias de que se está frente a un madruguete o albazo legislativo hacen resaltar los ribetes peligrosos de lo que será la ley de seguridad interior. Como siempre, los promotores y procesadores de esas iniciativas se deshacen en palabrería garante de beneficios y venturas por venir. Basta recordar el catálogo de dividendos sociales que, según eso, acompañarían a las reformas estratégicas del peñismo, sobre todo en asuntos energéticos y educativos, para comparar la realidad con el discurso. Basta recordar, para dar otro ejemplo histórico, que 18 años atrás fue aprobado el mecanismo de transferencia de las deudas de banqueros privados a las de la nación. Es decir, el Fobaproa, que hace a los mexicanos seguir pagando los excesos, rapiña y maniobras fraudulentas de empresarios que fueron salvados y siguen a salvo gracias al dinero de la nación. Ese sistema tramposo fue votado a favor por la bancada panista, coordinada en aquella ocasión por Felipe Calderón Hinojosa, a pesar de que con anterioridad éste y otros dirigentes del partido conservador habían hablado de no avalar el golpe brutal y a largo plazo.

Un golpe por la vía legislativa es el que preparan las élites con su propuesta de dar más facultades a los cuerpos armados, que sobradamente han mostrado una proclividad a la violación de los derechos humanos. El ejercicio de la violencia por parte de soldados y marinos ha dejado una huella dolorosa en la sociedad mexicana, en un proceso de virtual ajusticiamiento contra los grupos considerados delictivos y contra ciudadanos indefensos que han tenido la suerte fatal de caer en circunstancias de confusión o nerviosismo de esos elementos militares.

Con las fuerzas armadas provistas de más poder, los procesos civiles de protesta, crítica y oposición estarán marcialmente acotados. Los procesos electorales tendrán como contexto el predominio militar, ya sea por los elementos gubernamentales en sí o a través de grupos tolerados o promovidos. Movilizaciones o actos vigorosos contra eventuales fraudes electorales podrán tener como encuadre, para legitimar acciones represivas, el concepto de la seguridad interior afectada. Las previsibles sacudidas sociales y económicas de 2017 podrán tener como contraparte regularizada la acción del Ejército y la Marina. En ese regalo adelantado para principios del año próximo trabajan ya los abnegados senadores y diputados. ¡Vayamos a las fiestas en paz, el modelo civil de gobierno ha terminado!

En el contexto de la violenta descomposición que se vive en el estado de Morelos, ayer Juan José Arrese, conductor de un programa de periodismo radiofónico, anunció que junto con su familia deja Cuernavaca, luego de ser notificado de graves amenazas en su contra que habría hecho Rodrigo Gayosso Cepeda, presidente del PRD en la entidad e hijo del gobernador Graco Ramírez, y que le fueron transmitidas vía telefónica (parcialmente grabada y luego difundida) por el subsecretario estatal de Gobernación, Jorge Meade. Arrese, empresario de medios de comunicación y futbol, ha mantenido gran cercanía con el ex jugador Cuauhtémoc Blanco y, en especial, con el hispano José Manuel Sanz, quien maneja con alto sentido de lucro todos los asuntos del ahora presidente municipal de Cuernavaca, a quien el congreso ha determinado destituir, aunque tal decisión no se puede ejecutar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre una objeción que le fue presentada.

Y, mientras Raúl Andrade Cervantes anuncia que hará una evaluación del nivel de cumplimiento de compromisos de la Procuraduría General de la República que él dirige (oh, ¿se reprobará el evaluador; dudará a la hora de ponerse un diez o un 9.5 de calificación?; cuán emocionante será el autoexamen que, en una de esas, lo catapulta para conseguir la fiscalía general de nueve años), ¡hasta mañana!

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