Las presidentas de las comisiones dictaminadoras de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas del Senado, Angélica de la Peña y Adriana Dávila, advirtieron que en la Cámara de Diputados algunas legisladoras pretenden congelar esa normativa por razones políticas, no jurídicas, que sólo benefician a los tratantes.

Sostuvieron que es absolutamente falso que las reformas que formularon a la legislación permitan liberar a más de 600 delincuentes procesados por trata de personas, como sostiene la presidenta de la comisión especial en esa materia, la priísta Julieta Fernández.

La perredista De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que la propia Procuraduría General de la República (PGR), a la que consultaron, rechazó tal señalamiento y sería bueno que la diputada Fernández, también buscara ahí asesoría.

La legisladora trae gran confusión en torno al artículo 10 de la ley, donde se define el delito de trata de personas, ya que otros legisladores de su propio partido opinan distinto. La senadora perredista agregó que aunque están seguras de que se trata de un asunto político y no jurídico: siempre han atendido a las preocupaciones en la Cámara de Diputados y en esta ocasión plantearon nuevamente reunirse con expertos, a fin de despejar dudas y que la ley pueda aprobarse la próxima semana.

Por su parte, la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, del Senado, la panista Adriana Dávila, comentó que desde hace cuatro años que iniciaron el proceso de reforma a esa ley, se toparon con las presiones ejercidas por Rosy Orozco, quien influyó en la pasada legislatura en la Cámara de Diputados para frenar la reforma.

Tras un complicado proceso, entre ambas cámaras, el pasado 27 de octubre, el Senado aprobó la ley, dos años congelada, por las 47 modificaciones que le hicieron en San Lázaro. Los senadores aceptaron 25 de los cambios, pero insistieron en la redacción original de 22, todos relacionados con el tipo penal.

Esta minuta, agregó Dávila, es la que está pendiente en San Lázaro y la que, pretenden que quede en archivo muerto, “con lo que sus impulsoras, voluntaria o involuntariamente están sirviendo a quienes tienen intereses mercantiles y usan la ley como si fuera de su propiedad, recalcó De la Peña.

Ambas resaltaron que la reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado, luego de un trabajo conjunto con funcionarios, organizaciones nacionales e incluso internacionales, como la ONU y no es posible que en San Lázaro sigan prevaleciendo las presiones y el cabildeo de Rosy Orozco y una o dos legisladoras hagan todo por congelar esa legislación.

Insistieron en que esperan que la próxima semana, antes de que concluya el periodo, se apruebe la ley, sobre todo porque en medio están las víctimas de trata, indefensas ante toda la cadena delincuencial.