l general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló ayer que la función constitucional de las fuerzas armadas ha sido desnaturalizada por su empleo en tareas de seguridad pública que no le corresponden. No pedimos estar aquí; no nos sentimos a gusto; no estudiamos para perseguir delincuentes, dijo el funcionario.

En un balance inusualmente crítico de la década pasada, en la cual las autoridades civiles han involucrado a las instituciones castrenses en la lucha contra la delincuencia organizada, el secretario de Defensa señaló que en ese periodo ocurrieron muertes del lado que sea que no debieron ocurrir; las corporaciones policiales estatales y municipales no han sido reconstruidas y siguen incumpliendo su obligación de perseguir a los delincuentes y proteger a la ciudadanía de delitos como homicidios, extorsiones y asaltos; la inseguridad y la violencia no se pueden resolver a balazos; el nuevo sistema de justicia penal no está funcionando porque no están en la cárcel todos los que deberían estar y no se puede tasar igual a quien roba para comer que a un criminal; 2016 no fue un buen año, pues los índices de violencia e inseguridad han repuntado.

Por otra parte, Cienfuegos señaló que debe corresponder a la Secretaría de Gobernación regular y encabezar las actividades de seguridad interior, ya que eso no es función de las fuerzas armadas, apremió a los legisladores a formular un marco legal para la operación de los militares en labores de seguridad interior y dijo que ante la ausencia de reglas claras nuestros soldados ya están pensando si le entran, por el riesgo de ser acusados de violar derechos humanos.

La rotunda inconformidad expresada por el titular de la Sedena es por demás justificada. Desde 2006 el gobierno federal ha adulterado el estatuto constitucional de las fuerzas armadas; ha convertido lo que habría debido ser un recurso excepcional en una práctica permanente, y el resultado ha sido desastroso para la sociedad, pero también para las propias instituciones, incluidas las castrenses.

El Legislativo debe actuar a la brevedad a fin de reforzar el sentido y el espíritu de las disposiciones contenidas en la Carta Magna para el Ejército y la Marina, y poner coto al empecinamiento de los gobernantes civiles en recurrir a ambos institutos armados para resolver problemas que deben ser atendidos mediante las corporaciones policiales, los organismos de procuración de justicia y el Poder Judicial. Si los poderes civiles han sido incapaces de escuchar el clamor nacional e internacional que demanda sacar a los uniformados de las labores de seguridad pública, que escuchen, al menos, a los propios militares.