n la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones, realizada ayer en Acapulco, el representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Antonio Luigi Mazzitelli, señaló que en México hace falta una verdadera política de drogas que se traduzca en proyectos y estrategias; dijo que la oferta de enervantes ilícitos aumenta año con año y que en el presente aumentó la producción de hoja de coca en Colombia, por lo que se espera un incremento en el suministro de cocaína en todos los mercados latinoamericanos; afirmó que otro tanto ocurre con la disponibilidad de las metanfetaminas, particularmente en México y California; apuntó que Guerrero produce la mitad del opio con el que se fabrica la heroína consumida en Estados Unidos y calculó que la mariguana está cada vez más (presente) en nuestras sociedades y se quedará.

En ese mismo encuentro, el secretario de Salud, José Narro, señaló que la solución al problema de las adicciones y consumo de drogas no está en los juzgados ni en los penales, sino que pasa por los hogares, escuelas y centros de integración juvenil.

Las palabras de ambos constituyen una clara descalificación de la estrategia que el gobierno federal ha seguido desde hace décadas en materia de combate a las adicciones y persecución del narcotráfico en todas sus prácticas, estrategia que fue llevada hasta sus últimas consecuencias durante el sexenio pasado y que se tradujo en más de 100 mil muertes, decenas de miles de desaparecidos, localidades enteras abandonadas, virtual toma del poder por la delincuencia organizada en diversas regiones del país, una descomposición institucional sin precedente y una exasperante pérdida de soberanía ante Estados Unidos.

A pesar de ese saldo de desastre, el gobierno en curso no sólo no ha realizado un claro deslinde con respecto a la guerra calderonista, sino que ha sido incapaz de formular una estrategia coherente para frenar la violencia delictiva, reducir el poder de facto que ostentan los cárteles de la droga, contrarrestar la corrupción asociada al trasiego de drogas, proteger a la ciudadanía de la inseguridad rampante y hacer frente a las adicciones en su faceta primordial, que es la de un problema de salud pública.

A pesar de la autocrítica y de los propósitos de enmienda y rectificación presentes en el discurso gubernamental, la institucionalidad nacional no ha variado significativamente sus acciones; las muertes violentas asociadas a la delincuencia organizada ya acumulan varias decenas de miles en lo que va del sexenio, el narco parece mantener intacto su poder financiero, político, bélico y territorial, y las fuerzas armadas siguen cargando con la desgastante tarea, ajena a sus encomiendas constitucionales, de hacer frente a la criminalidad y de procurar la seguridad pública.

En estas materias, más que un cambio de dirección, se requiere la definición de un rumbo preciso porque, como evidencian los resultados que reseñó ayer Mazzitelli, la guerra contra las drogas no va a ningún lado.