l referirse a los desalentadores resultados obtenidos por México en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) correspondiente al año pasado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, señaló que la verdadera reforma educativa que estamos esperando tendría que abocarse a mejorar las competencias y los conocimientos de los estudiantes. Tales resultados son inequívocamente desfavorables para México. Basten dos datos: en ciencias, lectura y matemáticas el promedio general de los estudiantes nacionales queda muy por debajo del de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por otra parte, el promedio nacional de los educandos que no alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura (42 por ciento) es más del doble que el promedio general de la OCDE (20 por ciento).

No deja de resultar extraño que el consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Eduardo Backhoff, juzgue positivo que el país no haya retrocedido en una década en ciencia y lectura y que en ese periodo sólo haya mejorado marginalmente en matemáticas, en lo que constituye en los hechos, y así sea tomando en cuenta el crecimiento de la población estudiantil, un deplorable y preocupante estancamiento. Otro tanto puede decirse de la autocomplacencia exhibida por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien aseguró que la reforma educativa es una respuesta para un cambio estructural del sistema y que ello constituye una buena noticia.

Lo cierto es que la referida reforma, lejos de contribuir a la mejoría de la enseñanza pública, ha generado un conflicto social con un importante sector del magisterio que la considera lesiva para sus inereses laborales, así como con comunidades que en los hechos están siendo marginadas del sistema educativo mediante una operación de reconcentración orientado a suprimir cerca de cien mil centros de enseñanza básica multigrado.

En el empeño por imponer a los educadores mecanismos de control laboral y político y de alterar el tejido social que se ha desarrollado por muchas décadas en torno de las escuelas públicas y sus profesores, la autoridad ha perdido un tiempo precioso y ha dejado intactos los aspectos centrales de la problemática educativa, que son las terribles condiciones socioeconómicas que padece buena parte de los alumnos, el paupérrimo estado en que se encuentran miles de escuelas y la falta de correspondencia de los programas vigentes con las necesidades de México en materia de desarrollo social y humano.

A la vista del desafío que retratan los resultados de la evaluación referida, sería de-seable que en la Secretaría de Educación Pública se emprendiera una rectificación necesaria. Porque, en tanto los sectores disidentes del magisterio sean vistos como el enemigo y no como aliados potenciales para detonar una reforma realmente educativa, y en tanto no se atiendan y subsanen las carencias materiales en las que funcionan innumerables planteles, no podrá haber una base sólida para iniciar la tarea, sin duda urgente, de mejorar la educación pública del país.