Las pretensiones legales de equilibrar las condiciones de acceso a la información a escala nacional enfrentan, como un problema central, las diferencias presupuestales con las que cuentan los 32 órganos garantes en el país. El desequilibrio es acentuado: si en la Ciudad de México se asignan 129 millones de pesos y en el estado de México 100 millones a transparencia, en Baja California Sur el presupuesto es de 6.7 millones y en Nayarit de 7.8 millones.

Una condición común en la situación financiera es el alto porcentaje que les representa a estos entes la nómina y, si bien el salario promedio de los comisionados oscila entre 60 y 70 mil pesos netos, también en este rubro las diferencias se hacen presentes: en el estado de México el sueldo neto es de 122 mil pesos –el doble del promedio– y en la Ciudad de México superan los 100 mil. Aún más, el secretario particular de la presidenta del Instituto de Transparencia mexiquense casi alcanza los 60 mil pesos, poco menos que muchos comisionados de organismos garantes.

Las partidas presupuestales asignadas a cada uno de los órganos garantes tiene sus repercusiones en la eficiencia de su desempeño, según los resultados del Indicador Nacional de Organismos Garantes de Acceso a la Información 2016 –elaborado por las organizaciones México Infórmate y Artículo 19–, con un promedio nacional de 49.74. Baja California Sur tuvo 37.88, el cuarto peor en el país, y Nayarit 41. Sin embargo, el número uno es Campeche, estado que tiene uno de los mayores presupuestos pér cápita en el país, con 68.22, y el órgano garante de la Ciudad de México ocupó el tercer lugar, con 66.

De acuerdo con los objetivos de la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, se busca la homologación de las condiciones de acceso a la información con independencia de la entidad; sin embargo, el factor financiero reduce la capacidad de inversión de los órganos garantes para adecuarse al nuevo esquema.

Esta condición ha provocado en algunos casos la imposibilidad de realizar las inversiones requeridas, en contraste con la suficiencia presupuestal del estado de México, que no se ha incorporado plenamente a la Plataforma Nacional de Transparencia por tener un sistema propio que le implicó una gran inversión en su momento.

Sin embargo, el estado de México no sólo ha patentizado su suficiencia presupuestal en contar con un sistema propio (Sistema de Acceso a la Información Mexiquense), sino sobre todo en el nivel salarial, el más alto del país, sólo por debajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues la percepción de la comisionada presidenta es de 122 mil pesos. Los 100 millones de pesos es casi 15 veces más que Baja California Sur o 12 veces el presupuesto de Nayarit.

En la valoración 2016 en materia presupuestal del Índice se advierte: Los órganos garantes de Campeche, Chihuahua, estado de México, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán han contado con un presupuesto por arriba de la media nacional en tres años, mientras que Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz se encuentran por debajo.

Otro factor es el contraste de la estructura operativa de los organismos y en la cantidad de personal ocupado. Por ejemplo, el presupuesto asignado al Info DF le permite contar con 185 plazas para asumir las responsabilidades que tiene en la Ciudad de México, mientras que el órgano de transparencia en Baja California Sur opera sólo con 11 trabajadores en total. Aun más: de los 6.7 millones de pesos, se gasta 5.9 millones en servicios personales, restando sólo un margen de 800 mil pesos para otros gastos.

Estas diferencias se reflejan en variables medidas por el Índice de Transparencia 2016. Otro factor es la transmisión de las sesiones del pleno, 13 órganos garantes las difunden vía Internet, pero Aguascalientes, Guerrero e Hidalgo no tienen formas de difundirlas.