La Presidencia de la República litiga en favor de la polémica reforma legislativa que amplió los periodos de funciones de cuatro de los siete magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de Los Pinos, dio diversas razones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se sobresea una acción de inconstitucionalidad promovida por Morena en contra de la determinación del Poder Legislativo.

El consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto envió el oficio número 1508/2016 a la Corte, en respuesta a los requerimientos formulados al Poder Ejecutivo y a las cámaras de Diputados y Senadores en relación con las normas controvertidas. En el caso de Los Pinos, como responsable de haber publicado el decreto y considerar que pudo haber ejercido su derecho de veto.

En octubre, el Poder Legislativo colocó a cuatro de siete magistrados de la sala superior en un panorama legal incierto al prolongar sus estancias en un proceso fast track, bautizado por ciudadanos como ley de cuates y cuotas. Hasta ahora se han interpuesto dos acciones de inconstitucionalidad, la más reciente del PRD.

Aunque los magistrados Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez fueron electos originalmente para un periodo de seis años, gracias a la reforma legislativa fungirán durante ocho para concluir el 31 de octubre de 2024, mientras Indalfer Infante y José Luis Vargas fueron designados por tres años, pero estarán en sus cargos por siete, hasta el 31 de octubre de 2023.

La Presidencia defendió el decreto que formalizó estos cambios con el argumento de que no es una norma general, sino un acto concreto en el que se modificó la duración del encargo encomendado a los magistrados.

La pretensión del decreto mencionado es sólo establecer la duración de los cargos de los magistrados designados por el Senado, sin contener disposiciones en algún proceso electoral ni regulación directa o indirecta en alguno de ellos, menos trasciende en el derecho al voto de los ciudadanos, aseguró.

Adujo que le falta legitimación a Morena para combatir dicho decreto, porque éste no tiene naturaleza electoral y tampoco puede demostrar que afecta los procesos comiciales.

Defiende que el legislador tiene libertad de establecer las reglas para el escalonamiento de la elección de los magistrados sin que ninguno pueda exceder los nueve años.

En relación con el señalamiento de Morena de que esta ley pretende beneficiar a los magistrados recientemente designados, Los Pinos respondió que, por el contrario: Busca garantizar la independencia judicial en beneficio de los justiciables y maximizar la eficiencia en la administración de la justicia electoral.

Negó que el decreto violente los principios de certeza y legalidad electorales, porque fue emitido por una autoridad competente.