os gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur), resolvieron el viernes suspender a Venezuela como Estado parte de ese bloque económico por incumplir el plazo que le habían fijado para cumplir con un protocolo de adhesión, que entre otras medidas requería la adopción de normas en materia de derechos humanos y separación de poderes.

En respuesta a la medida, Delcy Rodríguez, canciller venezolana, denunció un golpe de Estado al interior del Mercosur, y dijo que la sanción constituiría una agresión a Venezuela de dimensiones realmente muy graves. La postura es consistente con la que ha expresado el presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien desde hace varias semanas acusa a los socios del Mercosur, en particular a Argentina, Brasil y Paraguay, de confabularse con Estados Unidos para destruir la Revolución Bolivariana.

No puede desconocerse el componente de política interna que funge como correlato de esta fractura en el bloque comercial regional. Acorralado por la oposición y por sus propios excesos, el gobierno de Maduro afronta una de sus peores crisis políticas en la historia del chavismo, la cual persiste a pesar de los esfuerzos de un acercamiento, o cuando menos distensión, con la oposición. Todo ello enmarcado en una severa carestía económica que ha mermado la calidad de vida de la generalidad de los venezolanos y ha impactado negativamente en las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución Bolivariana.

Sin embargo, más que un celo democrático de los gobiernos de la región, la decisión parece obedecer a una coincidencia de perfiles ideológicos neoconservadores y un nuevo alineamiento del bloque con los intereses políticos y económicos de Washington. En efecto, a diferencia del panorama político observado a principios de esta década, cuando Venezuela se adhirió al Mercosur y cuando los gobiernos regionales estaban a cargo de administraciones de corte progresista, hoy la mayoría de los gobiernos de países fundadores, con excepción del uruguayo Tabaré Vázquez (centroizquierda), pertenecen a una orientación ideológica cercana al Consenso de Washington.

La adhesión de Venezuela al Mercosur resultó estratégica para las aspiraciones de consolidar una unidad multinacional democrática, incluyente y basada en la cooperación entre los estados del sur del continente, ajena a la nefasta preceptiva de la Casa Blanca. Ello puso de manifiesto una pérdida de influencia regional del gobierno de Estados Unidos, influencia que hoy parece restañarse. En lo económico, la medida anunciada ayer complica la integración y proyección regional al establecer obstáculos para el acercamiento comercial entre una nación rica en hidrocarburos, como Venezuela, y países productores de granos y materias primas a gran escala.

La noticia no es buena para los ideales bolivarianos de construir una patria grande al sur del río Braco ni para la aspiración de un orden hemisférico ajeno a las pulsiones imperialistas de Washington. Tal parece que el arribo de Donald Trump a la presidencia estadunidense, en enero próximo, encontrará en la región un entorno propicio para hostilizar a regímenes que en el pasado reciente han desafiado la hegemonía de la superpotencia.