os escándalos por el saqueo de los territorios indígenas y campesinos como resultado de los proyectos energéticos y extractivos, los megaproyectos, la violencia, el crimen organizado o la urbanización salvaje ocultan el silencioso despojo verde, que también amenaza estos territorios y a sus dueños.

Desde su origen, la estrategia de mitigación del cambio climático por medio de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) recibió distintas críticas. La principal fue que podría convertirse en instrumento para el despojo a los pueblos de sus bosques, cuando los gobiernos ávidos de los recursos internacionales destinados a esta estrategia los privaran de su hábitat o al menos impusieran restricciones para su uso que impidieran su sobrevivencia.

En México, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) presentó en julio pasado la inicativa de reducción de emisiones al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial. Este fondo cuenta con 60 millones de dólares para pagar al país por reducir emisiones al no deforestar ni degradar los bosques, al manejarlos de manera sostenible y conservar o aumentar los inventarios de carbono forestal.

Pero la cuestión de comprar y vender aire resulta tan abstracta que la Conafor está usurpando la titularidad de la reducción de las emisiones a los dueños de los bosques, a pesar de que la Ley Forestal señala que son los propietarios quienes recibirán los beneficios económicos derivados de los servicios ambientales que prestan (LDFS, art 134 bis).

La reducción de las emisiones depende de los dueños de los bosques (ejidos, comunidades y propietarios privados) que deciden conservarlos. Pero la Conafor pretende que la titularidad es del gobierno, el cual impuso las leyes que convierten en un delito cortar los árboles. Su argumentación, autoritaria y sostenida en medias verdades, deja en la inseguridad la tenencia de la tierra.

Las acciones propuestas para reducir las emisiones se llevarán a cabo en 11 regiones forestales específicas de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, que son también territorios de pueblos mayas, lacandones, tzeltales, tzotziles, tojolabales, zoques, choles, jakaltecos y nahuas, además de población campesina, que deberán poner en práctica formas de ordenar sus territorios, cambios en formas de producir, actividades de protección del bosque y otros bienes naturales, y evitar ciertas actividades como cacería, manejo de acahuales, recolección de leña y plantas comestibles y medicinales, que tendrán un efecto inmediato en sus cargas de trabajo, en la producción para autosustento y en las posibilidades y condiciones de reproducción de sus familias. Por ello, si los propietarios originales de los bosques deciden involucrarse en los programas REDD+ deben otorgar su consentimiento, comprometerse con las acciones y ser compensados por ello.

La Conafor pretende ser titular de la reducción de emisiones para recibir los recursos del Fondo de Carbono, y después pasarlos a los gobiernos estatales, que decidirán cómo y a quién repartirlos. Esta distribución de beneficios no se hará únicamente entre los dueños de los bosques, pues no tendrían caso todas las maniobras para desligarlos de la tenencia de la tierra, sino que además pueden ser beneficiados otros actores. Esta acción rompe con la estructura y autoridades agrarias que tiene un arraigo histórico en las comunidades y que ha permitido la organización colectiva de la explotación y conservación forestal, con las formas de democracia interna escogidas por las comunidades y con las deciciones a nivel de asamblea, como máxima autoridad en el territorio.

Conafor y las instancias estatales también pueden decidir que los beneficios no sean monetarios y equitativos, sino que pueden destinarse a obras de infraestructura, que son obligación del gobierno, o a programas de apoyo que requieren que se cumplan ciertas reglas de operación, es decir, a las comunidades no se les pagará por la conservación y manejo sustentable de los bosques por los que paga el Fondo de Carbono, sino que para recibir estos recursos deberán hacer otros trabajos adicionales.

¿Qué pasará si algunas regiones o comunidades deciden no participar en las iniciativas que la Conafor ha comprometido de antemano? ¿Aumentarán las persecuciones a los dueños de los bosques por delitos ambientales? ¿En dónde queda el respeto a los derechos indígenas?

Una vez más, los propietarios forestales, en su mayoría indígenas y campesinos, pagan los costos de la conservación, mientras el gobierno cobra por ella.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano