i el panorama no oscurece más de lo que está (léase mayores recortes), entre 2013 y 2017 el gobierno de Enrique Peña Nieto habrá ejercido un presupuesto conjunto de alrededor de 25 billones de pesos, es decir, un río de recursos públicos representativo –a precios actuales– de un tanto del producto interno bruto.

Destaca la cantidad, pero a la hora de la hora ha sucedido lo mismo que en anteriores sexenios, es decir, en el de Peña Nieto se ha gastado mucho, pero todo ha ido a parar a un barril sin fondo, lo que hace brillar los buenos resultados, pero por su ausencia.

Así es: con todo y recortes presupuestales, se gasta en proporciones crecientes y el resultado está a la vista de todos: falta de desarrollo social y un crecimiento –por llamarle así– de 2 por ciento –en promedio anual–, y eso en el mejor de los casos.

Una porción considerable del billonario presupuesto anual se canaliza al pago del servicio de la creciente deuda pública (interna y externa) y al mantenimiento de la monumental burocracia, especialmente la dorada que se sirve con la cuchara grande, todo ello aderezado con una corrupción que avanza a paso veloz. Otro tramo se destina a los gobiernos de los estados, cuyos virreyes proceden en igual sentido: deuda, burocracia y corrupción, y que sus gobernados resuelvan sus problemas como puedan, si pueden. Todo ello, desde luego, no sin antes presumir que seremos austeros y nos apretaremos el cinturón.

Como bien apunta el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, se trata de una “falsa austeridad, porque los recursos disminuidos no son aquellos asignados a los gastos de la burocracia ni a los altos funcionarios y servidores públicos; cotidianamente se conocen casos de corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches, y demás actos ilegales que se nutren del erario, mientras continúan los recortes”.

Además, en muchas ocasiones el recorte al gasto de inversión pública beneficia a los privados; es posible correlacionar el gran crecimiento del número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado; incluso en el transporte público y la infraestructura, la inversión privada se ha hecho presente, lo cual permite obtener beneficios privados en sectores que históricamente eran de carácter público.

Se ha documentado, apunta el CAM, que a partir de 2007 el gasto en desarrollo económico ha sido el más castigado en cuanto a su proporción respecto al total del gasto programable y a su variación anual durante ese periodo; esto presupone que ha perdido lugar respecto a otros destinos de gasto que, sin ser menos importantes, sí son menos prioritarios para el desarrollo, especialmente el social.

Así es. El saqueo ha sido espeluznante. Los más recientes casos de Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Puebla, Morelos, Durango (que son los medianamente documentados) ya no sorprenden a nadie, aunque sí confirman que lejos de frenar tales prácticas la clase política las ha acelerado a fondo.

Apenas días atrás el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, informó que hay denuncias de hechos en la Procuraduría General de la República contra al menos 15 gobiernos estatales, en los cuales se ha encontrado uso indebido de recursos, aunque algunos gobernadores tienen responsabilidades claras. Chihuahua, Quintana Roo, Puebla, Durango, prácticamente todos los estados están en ese caso, aunque no necesariamente contra el gobernador, es contra el uso indebido de recursos federales en el estado, y se presentan las denuncias. Algunos gobernadores tienen responsabilidades claras por omisión o acción, pero las denuncias no van contra una persona, van contra los hechos (La Jornada, Angélica Enciso).

Cuando menos la mitad de los gobiernos estatales están metidos en el enjuague y la PGR lo sabe, pero a pesar de ello no hay un solo gobernador en la cárcel (Padrés dejó de serlo hace un año y dos meses) y el más emblemático de ellos (Javier Duarte, entre los casos recientes) está tan campante, servido por un ejército de abogados ligados al poder político-económico y protegido por las más altas instancias de la (supuesta) República, las mismas que cotidianamente patentizan su voluntad de aplicar la ley hasta las últimas consecuencias. Y eso sucede año tras año, gobierno tras gobierno, mientras la corrupción alcanza niveles pantagruélicos.

Para 2017, después de una maquillada que acordaron la Secretaría de Hacienda y los representantes populares, el presupuesto de egresos de la Federación resulta inferior en términos reales al aprobado para 2016, el cual a su vez resultó inferior al de 2015, de manera que, dado el contexto macroeconómico adverso, tanto nacional como internacional, se mantiene el ajuste al gasto federal a fin de conservar las finanzas públicas sanas, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

Relevante resulta que los propios analistas de San Lázaro adviertan que en el presupuesto 2017 los mayores ajustes a la baja se registren en sectores estratégicos, tales como la educación y la infraestructura, lo que a mediano y largo plazos podría redundar en un crecimiento económico interno aún menor. De acuerdo con la Unicef, un menor gasto en educación no sólo compromete las perspectivas de bienestar presente y futuro de niños y jóvenes, sino que a su vez reduce las posibilidades de desarrollo y prosperidad de todo el país.

El CEFP explica que el monto presupuestal aprobado para 2017 representa 24.1 por ciento del PIB estimado para ese año, proporción ligeramente menor a la de 2016, cuando fue de 24.8 por ciento. Este hecho se corresponde con la tendencia decreciente observada en los recursos aprobados del presupuesto de egresos de la Federación; en 2015 el monto aprobado alcanzó su punto más alto de los últimos ocho años para luego mostrar cantidades menores.

El 72.6 por ciento del total del presupuesto 2017 corresponde a gasto programable y el restante 27.4 por ciento a no programable. El primero registró un incremento nominal cercano a 53 mil millones de pesos con relación a la cifra originalmente propuesta por EPN, mientras el segundo se redujo mil 47.7 millones. Todo, desde luego, para que la clase política meta la mano hasta el fondo.

Las rebanadas del pastel

Dice EPN que desea modernizar, no renegociar el TLCAN. Bien, pero para lograr lo primero tiene que hacer lo segundo, si no cómo.

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