l titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció el sábado un programa de reconcentración de escuelas que implicaría el traslado de los alumnos de planteles ubicados en pequeñas comunidades a unos de mayor tamaño, los cuales contarían con mejores instalaciones y educación de calidad. Tal medida sería la respuesta del gobierno federal al problema de la dispersión poblacional, el cual impacta en el hecho de que la mitad de los colegios de nivel básico concentran apenas 14 por ciento de la plantilla estudiantil, con severas deficiencias en infraestructura y provisión del personal docente.

De acuerdo con el funcionario, los detalles del programa de reconcentración se darán a conocer en enero del año entrante, cuando también se espera la presentación del nuevo modelo educativo, la parte pedagógica de la Reforma Educativa puesta en marcha y que hasta ahora se ha implementado únicamente en términos de una embestida contra los derechos laborales de los docentes.

No puede ignorarse que, en las circunstancias presentes, el abandono de las escuelas situadas en las localidades pequeñas y aisladas repercutiría de manera inmediata en un incremento inaceptable de la deserción de alumnos, el analfabetismo y la marginación general de la población de por sí más vulnerable. Se estaría, por tanto, ante un nuevo episodio en el empeño de la presente administración por abordar la grave crisis educativa sin tomar en cuenta a los principales involucrados: maestros, padres de familia y estudiantes.

Ello puede afirmarse a partir del conflicto entre los costos de un proyecto de semejantes dimensiones y la realidad financiera que atraviesa el país: no es un dato me-nor que el programa de reconcentración se dé a conocer en el contexto del drástico recorte de recursos a la educación incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

En efecto, la educación pública es el sector más golpeado por el ajuste presupuestal, lo que se traduce en una pérdida de 35 mil 331 millones de pesos con respecto a lo asignado en 2016.

Si a esto se suma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes será la segunda dependencia más afectada en su presupuesto para el próximo año, se hace evidente la imposibilidad técnica y logística de trasladar a miles de estudiantes lejos de sus escuelas, ante todo porque los planteles destinados a desaparecer atienden a comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso, que no sólo carecen de sistemas regulares de transporte público, sino en ocasiones incluso de cualquier infraestructura vial que las comunique con los principales centros de población.

Resulta urgente poner fin a este patrón por el cual se responde a los desafíos nacionales con ocurrencias, en el mejor de los casos, y en el peor, echando gasolina al fuego. Ante las dificultades que atraviesa el país, agravadas más que nunca por amenazas externas, es elemental defender la importancia de la educación con diagnósticos realistas y apertura al diálogo.