Organizaciones civiles de Guatemala y México realizan una misión internacional de observación de derechos humanos en la frontera entre ambos países, en aras de que se atiendan los problemas migratorios desde una perspectiva de derechos humanos y seguridad humana.

La misión ha advertido que políticas gubernamentales, como el Programa Integral para la Frontera Sur, están provocando un aumento exponencial de detenciones y deportaciones de centroamericanos. Otro ejemplo, citó, es el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador.

Así, el aumento de la presencia de los retenes policiacos, militares y de migración supone un riesgo permanente para migrantes y refugiados que están forzados a utilizar los cruces y caminos más difíciles en los territorios transfronterizos para evitar ser detectados.

Dichos caminos son espacios de poder para el crimen organizado y la corrupción, donde se verifican mayores violaciones de derechos humanos hacia migrantes, solicitantes de refugio y defensores de derechos humanos y del territorio.

La región se caracteriza, resaltó la misión, por un fenómeno histórico de flujos migratorios transfronterizos, internos y circulares, y varias organizaciones han documentado, a partir de 2012, el continuo aumento de personas centroamericanas que están llegando a la frontera entre Guatemala y México.

Destacó que se ha incrementado la proporción de mujeres en casi 20 por ciento, la incidencia tanto de familias completas como de niñez y adolescencia acompañada y no acompañada, y un dramático incremento de personas solicitantes de refugio que llegan sobre todo desde Guatemala, Honduras y El Salvador.

Sin embargo, existe una evasión por parte del gobierno mexicano para fortalecer su política de asilo y refugio y permitir que estas personas accedan a la protección internacional a la que está obligado el Estado mexicano por los compromisos suscritos.

Por el contrario, hay una política de detención y de deportación contra estas poblaciones, vulnerando su acceso a derechos y limitando sus posibilidades de inclusión social.

Llamó a fortalecer el trabajo y la reivindicación política desde la base para contrarrestar las políticas que despojan y violentan de manera estructural la dignidad humana.

Lo anterior, ante las políticas que refuerzan la seguridad y la intensificación del control fronterizo en la región, el actual modelo extractivista y los preocupantes resultados electorales en Estados Unidos, con un candidato electo que despliega un discurso racista y que amenaza con ejecutar deportaciones y revisar las solicitudes de peticiones de asilo de millones de migrantes y refugiados.