Si bien el recorte al presupuesto del campo para 2017 no fue tan elevado como se había previsto, en el agro sigue intacto el modelo que destina más recursos a intermediarios y grandes empresas agrícolas, en lugar de destinarlos a los pequeños y medianos productores, lamentaron organizaciones campesinas.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de El Barzón, advirtió que aunque en la Cámara de Diputados se logró reasignar 8 mil 439 millones de pesos al presupuesto del sector –cuando el recorte previsto era de 22 mil millones–, esta cantidad no va dirigida a proyectos productivos.

Uno de los organismos que recibió parte de esos fondos recuperados, indicó Ramírez, es la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), un monstruo lleno de irregularidades, (que está) en manos de grandes empresas dedicadas al acopio de harina de trigo, harina de maíz y leche.

También aumentaron los recursos para programas administrados por los gobiernos estatales, pero cuya utilidad real es mínima, porque se manejan con discrecionalidad y únicamente benefician a proveedores de maquinaria, semillas y fertilizantes, pero no a proyectos productivos reales, consideró.

No podemos echar las campanas al vuelo ni sentirnos satisfechos, porque es un presupuesto muy frágil. Para mí el debate y los acuerdos que se tomaron son pura simulación, por eso exigimos un cambio en la política agropecuaria. La base sigue siendo el clientelismo y la corrupción, no el alza en la productividad, señaló Ramírez Cuéllar.

Francisco Chew, dirigente del Movimiento Social por la Tierra, coincidió en que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados sigue sin atender las principales demandas de los campesinos.

“Podemos decir que hubo una victoria parcial. Logramos evitar un recorte mayor, pero hay cosas bastante graves. Siguen intactos los moches y los recursos que tiene Aserca. Quedó igual ese esquema de privilegio”, lamentó.