El presupuesto para 2017 favorece el pago de pensiones, las entidades de control presupuestario directo (como el Seguro Social y el Issste), las empresas productivas del Estado y el pago de la deuda, rubros que en conjunto suman 79.5 por ciento del presupuesto total aprobado que, sin embargo, dejó pendientes la inclusión de un sistema de seguridad universal, la corresponsabilidad de los estados en la ejecución de la política pública definida en el Plan Nacional de Desarrollo y la sostenibilidad fiscal, señala un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Al revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 aprobado este jueves, el centro indicó que a pesar del incremento de 1.1 por ciento, en comparación con lo propuesto originalmente, en términos reales disminuirá 0.7 por ciento con respecto del avalado en 2016.

El análisis arrojó que los ramos afectados por la reducción de su presupuesto, respecto del propuesto, son el Poder Legislativo, con 4.3 por ciento; el Poder Judicial, con 7.9; el Instituto Nacional Electoral, con 2 por ciento; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con de 3.5, y la Función Pública, con 9.8 por ciento. Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores se vieron impactados con una disminución de 29.4 puntos porcentuales.

Sobre los montos destinados a las entidades federativas, el CIEP señaló que es una de las principales modificaciones del PEF 2017, pues en el ramo 23 se asignaron 2 mil 450 millones de pesos al fondo de capitalidad y 500 millones para ampliar las líneas 9 y 12 del Metro. Además, por medio del programa Fortalece se asignarán 18 millones y otros 2 mil millones para las zonas económicas especiales.

Asimismo, el gasto no programable de Petróleos Mexicanos tiene un aumento de 2 por ciento con respecto de lo estimado, equivalente a 2 mil 48.9 millones, lo cual implica que lo destinado a pago de deuda de la empresa aumentó 42.9 por ciento con respecto de 2016.

En cuanto al pago de pensiones, el presupuesto para 2017 las mantiene en 14 por ciento en términos reales, y el monto definido para el programa de Pensión para Adultos Mayores tampoco tiene modificaciones, manteniéndose en 39 mil 100 millones de pesos.

Detalló que las modificaciones favorecen principalmente la dirección de recursos a los estados mediante la inversión productiva (infraestructura y proyectos de inversión), pero para que éstos sean ejercidos eficientemente es necesario que los proyectos cuenten con estudios de viabilidad y los permisos indispensables.

De no ser así, en el transcurso del año fiscal las distintas secretarías tendrán la capacidad de realizar reasignaciones en los recursos no ejercidos, advirtió.

En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que es imperativo elevar la calidad del gasto público en beneficio de la sociedad, y adelantó que solicitará a las autoridades federales y a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que impulse convenios para garantizar el pronto pago a proveedores.

En épocas de austeridad no puede ni debe haber opacidad en el ejercicio del gasto público ni subejercicios presupuestales, dijo el presidente del organismo, Manuel Herrera Vega.