a reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en la Cámara de Diputados pone en relieve y ratifica el extravío, la falta de altura de miras y la resistencia de la clase política en su conjunto por hacer un uso responsable y visionario desde el punto de vista social de los recursos públicos.
En efecto, las reasignaciones aprobadas por los legisladores en San Lázaro, por alrededor de 67 mil millones de pesos, no alcanzan para resarcir el recorte asestado por el gobierno federal desde la presentación del llamado paquete económico, en septiembre pasado. De hecho, el presupuesto 2017 es 3 por ciento menor al autorizado para este año.
Más allá de un puñado de reasignaciones a algunos órganos y secretarías y al Sistema Nacional Anticorrupción –que previsiblemente terminarán por engrosar el gasto corriente de la alta burocracia–, no parece haber voluntad para usar el presupuesto como factor de reactivación de la economía y de atención de las necesidades prioritarias de la población.
Por lo contrario, es evidente que entre los bloques legislativos que controlan la toma de decisiones en el Congreso, y que responden, en última instancia, a los intereses del grupo político empresarial que detenta el poder real en el país, persiste una postura inercial que les impide abandonar la dinámica tradicional de la política presupuestaria y generar una transformación real en el reparto de los recursos públicos para beneficio real de las mayorías; para la superación de los rezagos sociales y para el robustecimiento de rubros estratégicos como la salud y la educación públicas.
Tal actitud sería impresentable en cualquier momento. Por añadidura, en la coyuntura presente incluye un factor adicional que haría particularmente deseable un análisis más profundo y responsable de las asignaciones presupuestarias: la insospechada victoria electoral del magnate Donald Trump en los comicios presidenciales de Estados Unidos, que ha demostrado la vulnerabilidad de la economía nacional y el riesgo en que nuestro país se encuentra ante los eventuales desplantes y delirios nacionalistas del futuro ocupante de la Oficina Oval.
En suma, la presente circunstancia económica nacional e internacional debería llevar al Ejecutivo y al Legislativo a ir más allá de un simple proceso de recortes, ajustes y reasignaciones del Presupuesto de Egresos y abandonar el modelo económico neoliberal adoptado desde la administración de Carlos Salinas, y continuado en los sexenios sucesivos, incluido el actual, porque su aplicación ha conllevado la contención de los salarios, la reducción sostenida de los mecanismos de bienestar y movilidad sociales, el abandono del campo y la continuación de las privatizaciones injustificables. Si las instancias legislativa y ejecutiva no actúan en este sentido podrían incrementarse los riesgos de una recesión declarada y de una severa escalada del desasosiego popular.
