Como se preveía desde jornadas atrás, la mayoría de los diputados federales avalaron ayer la minuta del Senado con el propósito de reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución en materia de trabajo, con objeto de trasladar la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y desaparecer las juntas de Conciliación y Arbitraje.

Así, el pleno de la Cámara de Diputados aportó la mayoría calificada (de 379 votos, 19 abstenciones y dos en contra) en favor del dictamen a la minuta –cuyo origen es una iniciativa presidencial–, que fue enviada a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional; es decir, recibir el aval de éstas y declararlo entonces decreto.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), justificó el documento porque fortalece la vida democrática de los sindicatos y la justicia laboral se elimina del área de los poderes ejecutivos para pasarla a los poderes judiciales de los ámbitos federal y local.

Con la minuta aprobada se incorpora la obligación de elegir a los dirigentes sindicales mediante el voto directo y secreto, lo cual constituye un avance sustancial, indicó.

Los empleados de las juntas de Conciliación y Arbitraje –que entrarán en un proceso de transición– mantendrán intactos todos sus derechos laborales y, cuando se construyan los nuevos organismos, serán considerados quienes han trabajado y tengan experiencia en esta área.

La minuta atrajo el respaldo de la mayoría de las bancadas en San Lázaro. Abdies Pineda (Partido Encuentro Social) aseguró que la reforma traerá importantes beneficios para el acceso a una justicia laboral transparente, atractiva para la inversión y expedita por parte de la sociedad.

También Mirna Saldívar (Nueva Alianza) afirmó que la reforma es una profunda transformación del sistema de justicia laboral; no obstante, externó preocupación por la situación laboral de los trabajadores de las juntas de Conciliación y Arbitraje.

Para Víctor Manuel Sánchez (Movimiento Ciudadano), el escenario en torno a la reforma es ominoso, porque no soluciona los problemas en materia de justicia del trabajo y no plantea respuestas de fondo a los conflictos de trabajadores, patrones y quienes tengan controversias laborales, por lo que adelantó que votaría en abstención.

Morena, en voz de su vicecoordinador, Virgilio Caballero, votó en favor del dictamen porque recoge las demandas de los trabajadores y es prioritaria para beneficio de éstos y los sindicatos independientes.

Dijo que está al pendiente de la reglamentación de esta reforma de justicia laboral para hacer de los derechos laborales y sindicales una realidad de la democracia en el país.

En su turno, Ángel Alanís (PRD) también ponderó la reforma, pues contiene elementos de la mayor trascendencia que dan un paso firme en la construcción de una democracia sindical que no ha existido hasta ahora. Consideró que se debe detonar un consenso que trascienda al desarrollo de reformas a leyes secundarias.

“Si no sucede, se actuará con gran irresponsabilidad… daremos la lucha por la libertad y la democracia sindical, que los derechos se hagan una realidad cotidiana en el mundo laboral.”

Apolinar Casillas (PAN) consideró que el dictamen genera y expresa las condiciones necesarias para que las leyes sirvan a su propósito y la justicia a la población dondequiera que ésta se encuentre.

Ana Georgina Zapata (PRI), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, resaltó que esta reforma es de igual o incluso mayor trascendencia que la reforma laboral aprobada en 2012; fortalece los derechos laborales, transforma y moderniza el sistema de justicia.