La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descalificó a la empresa Rivada Networks del proceso de licitación para desarrollar y operar la Red Compartida –el proyecto más ambicioso del sexenio en materia de telecomunicaciones– por no haber entregado la garantía de seriedad por mil millones de pesos que estipulaban las bases, con lo que la propuesta de la compañía fue declarada no solvente.

La Red Compartida es un proyecto del gobierno federal que surgió como resultado de la reforma en telecomunicaciones con la que se busca ampliar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones móviles de alta calidad, como telefonía celular o Internet.

Actualmente las empresas que ofrecen los servicios de telecomunicaciones tienen que desplegar infraestructura para acceder a más usuarios (como antenas, cables o fibra óptica), lo cual resulta caro y poco rentable cuando se trata de comunidades poco pobladas.

El objetivo de la red es que un solo operador nacional o extranjero brinde el servicio a todas las empresas que deseen incursionar en el mercado de telecomunicaciones.

Durante el acto de evaluación de las ofertas técnicas que los dos consorcios interesados en obtener la licitación presentaron el pasado 20 de octubre, el director general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT, Ezequiel Gil Huerta, argumentó que no es posible negociar o suplir las deficiencias sustanciales de las propuestas y que la dependencia tiene la obligación de mantener la igualdad de condiciones para ambos concursantes.

No obstante luego de que se diera a conocer la decisión, Rivada Networks (empresa de origen irlandés que participa en conjunto con Spectrum Frontier) señaló que impugnará la decisión en tribunales y acusó al gobierno mexicano de favorecer al otro de los concursantes de la licitación, que es grupo Altán, del que también forman parte las empresas Megacable y Axtel.

Rivada ha cumplido con todos los requisitos que puso delante de nosotros el gobierno mexicano. Nos competirá esta decisión en los tribunales y estamos seguros de que será restablecido. El pueblo mexicano merece una verdadera competencia por esta importante iniciativa, no una coronación de un vencedor pre seleccionado, señaló la firma en un comunicado.

“Hacer una oferta por la Red Compartida en México ha sido un reto… Rivada Networks está seriamente preocupada por este proceso, que ha favorecido a un ganador previamente seleccionado”, sostuvo el director general de Rivada Networks, Declan Ganley, en su cuenta de Twitter.

La descalificación de Rivada pone en riesgo de retrasar e incluso de descarrilar todo el proyecto de la Red Compartida, pues las impugnaciones jurídicas no son asuntos que se resuelvan en días y a veces pueden llevar años, aseguró el director general de The Competitive Intelligence Unit, Ernesto Piedras.

El directivo de la firma especializada recordó que la licitación ya había sido seriamente cuestionada por los retrasos que acumula en su aplicación (debió haber estado operando a más tardar el 31 de diciembre de 2014, según mandato constitucional) y a los ajustes en su cobertura y planes de inversión.

Con la descalificación de Rivada, el camino queda libre para el consorcio Altán, integrado por Megacable y Axtel, entre otras firmas.

La Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión continuó con la apertura de los paquetes que contienen la oferta económica del consorcio Altán, que de cumplir con los requisitos marcados en las bases del concurso, podría ser declarado ganador el próximo 17 de noviembre, fecha en que se dará a conocer el fallo definitivo.

El concursante que, además de cumplir con las bases del concurso, ofrezca la mayor cobertura poblacional ofertada (de por lo menos 85 por ciento de la población en los primeros cinco años de operación) ganará el concurso.

El proyecto de la Red Compartida prevé el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la televisión digital terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red.