Con la prórroga que determinó el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia para que los sujetos obligados incorporen todos sus datos en los portales y en la plataforma nacional en esta materia, el largo trayecto de las reformas en este rubro cumplirán casi cuatro años cuando en mayo de 2017 por fin entren en operación los cambios que comenzaron en 2013 con las modificaciones constitucionales.

Los seis meses establecidos originalmente por el sistema para que toda esta información estuviera disponible chocaron con insuficiencias presupuestales, de recursos humanos y tecnológicas. En especial, los municipios con menos de 70 mil habitantes, los más marginados del país, los fideicomisos que no cuentan con una estructura para la transparencia informativa y los nuevos sujetos, en especial los sindicatos.

Entre las ponderaciones para determinar que la fecha de cumplimiento fuera el 4 de mayo de 2017 están, entre otras, las obligaciones contenidas en el título quinto de la Ley General de Transparencia, al que están obligados los tres niveles de gobierno, pero que tendrán una especial repercusión a escala municipal, y en los nuevos sujetos obligados (sindicatos, partidos, universidades y fideicomisos).

Aunque en el documento en el que se basó la prórroga se habla sólo de ‘‘complejidades técnicas’’, el tema de la repercusión financiera para el cumplimiento de las 48 obligaciones comunes de transparencia es tema central, particularmente en los municipios de menos de 70 mil habitantes, preocupación central de los 32 órganos garantes, entre otros aspectos porque estarían obligados a asegurar el cumplimiento de la disponibilidad de esa información.

En las proyecciones a cumplir en 2017, las debilidades que ya desde ahora se advierten en los municipios más marginados dejó la posibilidad de que en su momento, cumplido el plazo, si existe fundamentación y motivación pudiera abrirse un nuevo periodo para su cumplimiento. Quedará a juicio de los órganos garantes determinarlo.