La fiscalía especial anticorrupción estará adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), y aunque se creó desde 2014, a la fecha no tiene titular debido a que no hubo acuerdo entre los grupos parlamentarios para nombrarlo. La semana pasada el Senado emitió una nueva convocatoria para elegirlo, misma que cerrará el 9 de noviembre.

Una vez concluido el registro de aspirantes ante la Junta de Coordinación Política del Senado, ésta turnará a las comisiones de Justicia y a la de Anticorrupción y Participación Ciudadana los registros para establecer la forma de evaluación.

Las comisiones dictaminadoras presentarán a la Junta de Coordinación Política, a más tardar el 29 de noviembre, el listado de aspirantes. Esta instancia acordará el nombramiento, el cual será sometido al pleno.

El fiscal anticorrupción será elegido –por esta única ocasión– por el Senado y durará en el cargo hasta noviembre de 2018, o hasta que la PGR se transforme en fiscalía general de la República. Los subsecuentes fiscales anticorrupción serán nombrados por el titular de esta nueva instancia.

Los senadores Laura Angélica Rojas (PAN) y Armando Ríos Piter (PRD) manifestaron que con las reformas aprobadas a la PGR, una vez que ésta sea fiscalía general los agentes del Ministerio Público serán autónomos y por tanto los fiscales especializados –en materia anticorrupción y el de delitos electorales– también lo serán; es decir, no dependerán de ningún poder.

La fiscalía anticorrupción tiene por objeto la investigación y persecución de los ilícitos de competencia federal, así como cualquier otro delito. Tiene 20 facultades, entre ellas, coordinar su actuación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR, y ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Otras de sus funciones son: planear, programar y dirigir el funcionamiento de la fiscalía, así como dirigir, coordinar y realizar la investigación de hechos que probablemente constituyan uno de los delitos del fuero federal materia de su competencia y del orden común, en los que ejerza la facultad de atracción.

De igual forma, entre las facultades de la fiscalía anticorrupción se encuentra establecer mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de la Ciudad de México, estatales y municipales, además de proponer a la procuraduría el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas a su cargo.

En el acuerdo de creación de esta fiscalía se estableció, en el artículo quinto transitorio, que los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia serán transferidos a la fiscalía anticorrupción.