El desplome presupuestal para el principal programa antidelito del gobierno federal afectará sustancialmente la atención a los jóvenes en situación vulnerable o en conflicto con la ley.

La continuidad de las acciones diseñadas y operadas desde 2013 quedará a la voluntad o creatividad de los gobiernos locales, según comentarios de funcionarios estatales y municipales.

Una de las acciones más populares, surgidas a partir de este Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), fue el Coro Monumental de Morelia, Michoacán, y las clínicas del deporte, también con gran aceptación en esa entidad. Sin embargo, de acuerdo con el plan de las autoridades estatales, diversas acciones serían modificadas o disminuidas.

Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, indicó que si bien actividades como el coro son excepcionales, la estrategia de prevención del delito para el siguiente año serán las becas escolares financiadas por el municipio y universidades públicas y privadas.

“Estamos apostando a la educación, porque hemos detectado mayor índice de delincuencia en jóvenes que no estudian ni trabajan, y por eso creamos el Colegio de Morelia (…) Eso nos ayudará más a prevenir la delincuencia, la frustración y el resentimiento social”, señaló.

Este proyecto, hasta ahora con 600 beneficiarios, involucra a las seis universidades más importantes de esa entidad. “Lo que nos preocupa es que (las universidades) sigan dando becas, porque a esos jóvenes ya los metimos a estudiar y no les podemos decir el siguiente año: ‘sabes qué, salte otra vez de estudiar’”, comentó a La Jornada.

El proyecto presupuestal para 2017, diseñado por la Secretaría de Hacienda, deja el plan antidelito sin recursos, sólo asigna dinero para la nómina de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG).

Hasta el momento no hay perspectivas para recuperar los 2 mil millones de pesos asignados en 2016 al programa en cuestión.

Si bien hay tareas específicas para una veintena de instancias públicas (y una comisión intersecretarial que da seguimiento a cada meta), otras actividades surgidas con recursos específicos del programa no tendrían presupuesto.

Adicionalmente no se sabe qué ocurrirá, por mencionar una tarea, con los 106 centros integrales de prevención social en el país, puesto que una vez terminados quedarán a cargo de las autoridades municipales.

En la mayoría de los casos, los centros operan a partir de la contratación temporal de organizaciones especializadas, y/o cuentan con personal que garantice la permanencia de sus actividades en el mediano y largo plazos, se indica en el más reciente informe de la Subsecretaría de Prevención de la SG.

Se detectó que los siete centros evaluados operan en entornos de violencia, deserción escolar, violencia de género, jóvenes en riesgo (pandillas, conflicto con la ley, suicidios, adicciones), así como drogadicción, embarazo adolescente y falta de oportunidades laborales, entre otros.

Lo anterior coincide con el diagnóstico inicial de la SG como fundamento para echar a andar el Pronapred y darle cada año más de 2 mil millones de pesos para operación y crecimiento.

También se desconoce la forma en que se dará continuidad al programa de intervención en Acapulco, uno de los municipios más violentos del país y al que Pronapred asignó el recurso más alto, en cuanto a alcaldías se refiere.