Aunque su objetivo es respaldar a uno de los sectores más desfavorecidos, el campo, las irregularidades en el manejo de recursos de diversos programas por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la colocan como la instancia del Estado que mayor número de litigios penales concentra. La dependencia arrastra 193 denuncias promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Procuraduría General de la República (PGR) relacionadas con las cuentas públicas de 2009 a 2014.

En el conjunto de acciones legales que la ASF ha emprendido, la Sagarpa representa 26 por ciento del total de 723 casos denunciados ante la PGR. Sin embargo, en total, las denuncias promovidas sólo contra secretarías de Estado suman 296, por lo que la Sagarpa concentra 70 por ciento del total, en las que el daño patrimonial detectado por la ASF requirió ir más allá de lo administrativo para llevarlo al terreno penal.

Si a los litigios de la Sagarpa con la ASF se añade que la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria y ahora la de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano tiene 73 denuncias penales más, las irregularidades del sector agrario en su conjunto, han motivado casi 90 por ciento de los problemas legales que el Ejecutivo Federal tiene con la ASF.

Lo que da una idea de la acentuada irregularidad en el desempeño de la Sagarpa es que, sin contar a la SRA-Sedatu (segunda secretaría con más número de denuncias), la Secretaría de Desarrollo Social, es la siguiente en enfrentar denuncias penales, sólo con 11 litigios, seguido por la Secretaría de Educación Pública con seis y la de Comunicaciones y Transportes con tres.

Por los prolongados plazos de sustanciación de los procedimientos de la ASF, la gran mayoría de las irregularidades detectadas en las 78 auditorías practicadas a la Sagarpa de 2009 a la fecha, en la actualidad, para el organismo fiscalizador hay 2 mil 406 millones de pesos que la dependencia no ha podido acreditar, aunque por ahora no todo está considerado daño patrimonial, si bien lo correspondiente a la cuenta pública de 2014 está en plazos aún de subsanarse.

Debido a los tiempos, 176 de las denuncias corresponden a la gestión del panista Francisco Mayorga Castañeda (2010-2012), egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ello no exime de irregularidades a la gestión de Enrique Martínez y Martínez, titular durante la primera mitad de la actual administración.

Si bien en general los montos involucrados en cada una de las denuncias no son muy elevados, la reiteración de malos manejos detectados es lo que ha abultado la cifra hasta sumar arriba de 2 mil millones de pesos.

De la cuenta pública de 2014, la más reciente, ya se han presentado 8 denuncias penales, entre ellas, porque la Sagarpa entregó apoyos a productores cuyas extensiones de tierra superan la superficie máxima permitida. En otro caso se distribuyeron apoyos a 8 mil 600 productores por montos superiores a los que les correspondía en función de sus estratos de transición y comercial.

Ligado con la misma auditoría practicada se detectaron 15 millones de pesos de ayuda otorgada a 67 proyectos por el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, que no fueron comprobados.

En otro caso, de una denuncia correspondiente a la cuenta pública de 2013, la Sagarpa entregó apoyos a campesinos de Chihuahua, Durango, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas, que ya habían fallecido con antelación a la solicitud que presuntamente hicieron a la dependencia de apoyos.

También correspondiente a la cuenta pública 2013, la entrega de apoyos de paquetes tecnológicos para producción de maíz, advierte la ASF, se dio en medio procedimientos poco claros, con un solo proveedor y con entregas en procesos caracterizados por la opacidad, una constante que la ASF ha denunciado en buena parte de las 193 denuncias penales presentadas contra Sagarpa.