iles de mujeres vestidas de luto salieron ayer a las calles en diversas ciudades de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y otros países en protesta por el feminicidio de Lucía Pérez, una adolescente que fue violada, torturada y asesinada hace unos días en Mar del Plata. Bajo el lema Miércoles negro y con las consignas ni una menos y vivas nos queremos, decenas de organizaciones sociales y políticas secundaron el llamado internacional y la exigencia de alto a los feminicidios, las agresiones sexuales y la violencia machista.

En Argentina, el paro de una hora de mujeres fue acatado por miles; en otros países tuvo un carácter más reducido, incluso simbólico, y las marchas y actos callejeros fueron muy disímiles en número. Sin embargo, esta primera jornada de lucha contra el feminicidio y la violencia de género puede considerarse un éxito por la resonancia que ha logrado en los medios y por el impacto conseguido en la conciencia social.

Es de esperar que las sociedades y las instituciones entiendan la urgencia del llamado y empiecen de inmediato a desactivar la compleja combinación de factores que inciden en el incremento de los delitos en contra de las mujeres, de los cuales el feminicidio es el más visible, extremo y agraviante, pero no el único.

Como han señalado reiteradamente los activismos y las reflexiones feministas, el asesinato constituye la culminación de agresiones físicas, sicológicas, laborales y verbales surgidas del desprecio a las mujeres en el contexto de distorsiones culturales machistas de vieja tradición. Tales actitudes se han combinado en la actualidad con la cosificación impulsada por el mercantilismo y el modelo económico y con una falta de entendimiento del problema por las autoridades e instituciones que adoptan en automático actitudes y procedimientos discriminatorios y sexistas.

En el caso de México, la situación se agrava por la impunidad generalizada que impera en el país, por la inoperancia de los organismos encargados de prevenir, esclarecer y perseguir los crímenes y por el quiebre de la confianza en ellos por la población en general. Es por ello que, a diferencia de naciones azotadas por los feminicidios como España y Argentina, en la nuestra este delito adquiere dimensiones de epidemia. Por poner un ejemplo, sólo en el estado de México el promedio anual de asesinatos de mujeres (344) es superior al de Argentina (275).

Por eso, en nuestro país, las acciones más urgentes e impostergables deben ser en contra de la impunidad para los victimarios y de la indolencia de autoridades que, como las de Chihuahua, han sido exasperantemente omisas durante dos décadas ante los feminicidios que se cometen en Ciudad Juárez y en otros puntos de la entidad. Aunque también es necesario, desde luego, elevar a rango de políticas públicas y de Estado el combate a la discriminación en todas sus formas, la educación para la equidad y las campañas de prevención de violencia de género y de apoyo a sus víctimas.

La doble consigna de las movilizaciones de ayer debe ser retomada por las sociedades a fin de convertir en práctica cotidiana la tolerancia cero hacia la violencia de género en todas sus expresiones. Sólo así será posible construir un mundo en el que las mujeres puedan vivir sin temor a ser discriminadas, agredidas, denigradas, violadas y asesinadas. Ni una más.