Organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos exigieron al Congreso la pronta aprobación de la ley general contra la desaparición forzada y de particulares, antes del 15 de noviembre, con la finalidad de que forme parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)del próximo año, pues de lo contrario seguirá sin recursos y sin posibilidades de que se aplique.

Advirtieron que la ley debe incorporar necesariamente varias propuestas presentadas al Legislativo por familiares de víctimas y organizaciones civiles, que incluyen, entre otros planteamientos, la creación de una comisión nacional de búsqueda y un instituto nacional forense independiente, con capacidad técnica para manejar en forma profesional los datos que recopile.

Legislación con lagunas

En un pronunciamiento, más de 80 organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) advirtieron que la definición del delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal no corresponde a los estándares internacionales en materia de garantías individuales.

Señalaron que en ocho entidades del país no está tipificado el delito de desaparición forzada en los respectivos códigos penales.

A esta carencia de instrumentos legales para combatir ese delito se suman preocupaciones de quienes han vivido una experiencia de ese tipo, como la dilación y negligencia de las autoridades de procuración de justicia tanto para levantar las denuncias como para investigar los casos.

Además, las entidades estatales diseñadas para enfrentar el problema carecen de recursos humanos y económicos que garanticen su eficacia, y falta un registro nacional que contabilice las cifras reales de personas desaparecidas, medida esencial para un trabajo eficaz de búsqueda.

Otra carencia es la falta investigación y sanción a superiores jerárquicos, pues se requiere no sólo que se investigue a los responsables directos del delito, sino a todas las personas que por omisión permiten la comisión de ese ilícito.

Las organizaciones de la Red TDT señalaron que la falta de acceso a la verdad, a la memoria y a la justicia, así como a la reparación integral del daño y a medidas de no repetición de casos de desaparición forzada cometidos en décadas recientes, es lo que permitió que esta práctica se mantuviera arraigada como política dentro de las estructuras del Estado y que se haya extendido a sectores de la población no organizados, como migrantes, jóvenes trabajadores, profesionistas y mujeres.