Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, familiares de desaparecidos y víctimas del delito exigen otorgar autonomía plena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) y sancionar a los funcionarios públicos revictimizadores.

En el contexto de la reforma a la Ley General de Víctimas que se discute en la Cámara de Senadores, los colectivos presentaron una carta en la que proponen que se reconozca el desplazamiento interno forzado, que se dé el visto bueno y se dote de recursos a los peritajes independientes.

Para que la reforma sea efectiva, señalan, es necesario incluir una perspectiva humana que atienda el drama en el que se encuentran miles de víctimas.

Los colectivos piden otorgar plena autonomía a la Ceav porque, en caso de no hacerlo, afirman, la reforma será ilusoria; debe eliminarse la junta de gobierno y sustituirla por un consejo directivo en el cual se incluya no sólo a víctimas del delito sino a expertos de la sociedad civil y la academia.

Acerca de la designación del titular de la Ceav, plantean que el proceso incluya una consulta del Senado y una convocatoria amplia.

Asimismo, demandan reconocer los derechos de las personas que han tenido que desplazarse por razones de violencia y violación de derechos, y modificar los perfiles de los integrantes de la Ceav, porque de lo contrario se estará simulando una vez más.

En cuanto al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral del daño, los firmantes subrayan que éste debe operar sin condicionamientos del gobierno.

La carta es firmada por decenas de organizaciones que desde hace varios años han trabajado en favor de un marco legal para la atención a víctimas –particularmente de desaparecidos– y en la promoción y defensa de los derechos humanos.