el 17 al 20 de octubre se llevará a cabo en Ecuador la tercera Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre el Hábitat (Hábitat III), que reunirá a los gobiernos nacionales para discutir una agenda, que deberá observarse durante los próximos 20 años, sobre el desarrollo urbano y los asentamientos humanos. La primera cumbre hábitat se llevó a cabo en 1976, y acordó que se repitiera cada 20 años para su actualización. Aun cuando se consideran alcanzados los compromisos establecidos en Estambul en Hábitat II (1996), la realidad es que la situación de las ciudades y asentamientos humanos ha empeorado drásticamente durante las últimas dos décadas por causa de las políticas neoliberales que han promovido, en lugar de la función social, la competitividad y la especulación de las ciudades. Los actuales gobiernos han declarado que están comprometidos con implementar políticas que acaben con la falta de vivienda, sobre todo para las personas con menos recursos o en situación de extrema pobreza. Sin embargo, crece cada vez más el número de personas sin techo y sin un hábitat digno. En realidad los gobiernos han preferido enriquecer a los capitales inmobiliarios y de la construcción, los que no producen vivienda para los grupos más necesitados, pero sí para quienes les dejan jugosas ganancias. En estos tiempos, cuando existen decenas de millones de personas que no cuentan con un hogar, un techo seguro, y ni siquiera un sitio mínimo para vivir, violentándose en todo sentido el derecho a una vivienda digna, no es posible hablar de un hábitat adecuado, ni del cumplimiento de los derechos humanos.

Tomando en cuenta los censos de población y vivienda de 1990, 2000 y 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que en México aún existen 20 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada. La situación se agrava con la migración forzada que afecta a miles de personas, y es provocada por la violencia, el deterioro del medio ambiente, el desarrollo de megaproyectos y la pobreza. Todo como resultado del modelo de desarrollo vigente, que lejos de colocar la dignidad humana y la vida del planeta en su centro, busca la concentración de la riqueza en pocas manos. Ahora la humanidad enfrenta una intensificación del modelo extractivista, que lo único que le importa es la ganancia, aun a costa de la depredación y extinción de la naturaleza y del destino de las generaciones futuras.

Con lo anterior se vuelve relevante que la Cumbre Hábitat III incluya el sentido y contenido del derecho a la ciudad. Sin embargo, el 3 de octubre pasado, en el contexto del Día Mundial del Hábitat, las organizaciones que conforman la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y la Defensa del Territorio (PMDCDT) declaran con preocupación que el derecho a la ciudad ha quedado en una mera declaración de intenciones, pues en el documento de la ONU sobre el hábitat se favorece la construcción de un mundo urbano que excluye al campo y su población. Consideran que las áreas rurales y naturales sólo son vistas como objeto mercantil frente a los megaproyectos depredadores, y que se prioriza la construcción de un mundo de hierro, cemento y dispositivos tecnológicos como la visión más avanzada de la humanidad, vaciando así el verdadero contenido del derecho a la ciudad, dejándolo al servicio de los intereses del poder económico. Por ello, los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil se reunirán en la Universidad Central de Ecuador para llevar a cabo el Foro Social Frente a Hábitat III, como acto paralelo a la cumbre oficial. Dicho foro social tiene el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos internacionales como la Alianza Internacional de Habitantes y la Coalición Internacional de Hábitat.

Este foro trabajará de manera alternativa, reconociendo que el derecho a la ciudad es el resultado de décadas de creación colectiva de abajo hacia arriba, y significa el derecho de las personas y los habitantes presentes y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar en paz de las ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos y sostenibles, entendidos como un bien común esencial para una vida plena y digna. El significado del derecho a la ciudad se basa en un hábitat digno para todas las personas, sin discriminación alguna. Sus principios fundamentales son la igualdad de género, el diálogo intergeneracional y el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural.

Es fundamental proteger y favorecer la función social del suelo y de las ciudades, en vez de su uso comercial. La armonía entre el campo y la ciudad es posible con el cumplimiento pleno de los derechos humanos y con mecanismos garantes de consulta que le permitan a la población participar en la toma de decisiones sobre el futuro de las ciudades, los asentamientos humanos urbanos y rurales, y las exigencias del hábitat y el planeta. El derecho a la ciudad incluye el de una vida digna con una dimensión territorial e integral, pues la ciudad y el campo no deben ser antagónicos, sino complementarios. Las ciudades deben ser nodo de desarrollo para el campo, sin urbanizar áreas naturales y rurales. Implica que las autoridades deben reconocer las desigualdades espaciales que dificultan el cumplimiento de los derechos humanos en las ciudades. Por ello, la PMDCDT suma su voz y sus fuerzas con diferentes referentes del Movimiento Urbano Popular que estarán presentes en Quito, Ecuador, participando en el Foro de Resistencias Populares H3. Y desde allí instarán a los líderes mundiales a comprometerse con una definición sólida del derecho a la ciudad como eje principal de las acciones que decidan que formen parte de la nueva agenda Hábitat III.