poco más de tres meses de que concluya su mandato, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó ayer una directiva presidencial de política sobre la normalización de relaciones Estados Unidos-Cuba, mediante la cual busca hacer irreversibles los cambios que su administración ha adoptado con respecto de la isla desde diciembre de 2014. El documento define objetivos prioritarios del proceso de normalización –como mayor interacción con el gobierno y pueblo cubanos y la expansión del comercio en la isla– y aclara las competencias y responsabilidades de cada agencia del gobierno estadunidense.

Se trata, en suma, de un documento vinculante con que el todavía mandatario intenta blindar el acercamiento entre Washington y La Habana, que en menos de dos años ha generado cambios significativos e impensables hasta hace no mucho en la dinámica entre los dos países. Entre estos cambios destacan desde la liberación de agentes de inteligencia de ambos gobiernos hasta la reinstalación de las embajadas respectivas, pasando por la reanudación del servicio postal y los vuelos directos. Ayer, para no ir más lejos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que Cuba podrá exportar medicamentos y conducir investigaciones conjuntas con contrapartes farmacéuticas de ese país.

Esos avances han sido posibles a pesar de la persistencia del conjunto de leyes que soportan el bloqueo económico que se mantiene contra la isla, medida a todas luces injusta y anacrónica, que ha redundado en enorme costo económico, social y humano para ambos países y para la región. Esta situación ha impedido que los cambios sean tan profundos como se requieren para lograr una normalización plena, pero también ha puesto en perspectiva que el presidente de Estados Unidos tiene a su disposición elementos institucionales y facultades que le permiten reorientar significativamente políticas de su gobierno sin depender de las bancadas del Capitolio.

En efecto, un factor variable que explica la relajación actual de las tensiones entre ambas naciones, además de la disposición mostrada por el gobierno de La Habana, es que Barack Obama parece decidido a concluir su mandato con al menos un logro relevante en materia de política exterior, y no se limita a responsabilizar al Congreso de las inercias legislativas que se lo impiden, como ha hecho en otros rubros, entre ellos la política migratoria y la regulación armamentista en Estados Unidos.

Sin embargo, a menos de 100 días de que abandone la oficina oval, los alcances y poder reales de Obama se ven cada vez más limitados. Será necesario que los sectores progresistas y pensantes de ese país, particularmente los que respaldan el deshielo entre Washington y La Habana, exijan al futuro presidente o presidenta la reafirmación de la línea legada por Obama.

Cabe felicitarse, sin duda, por los pasos hacia la normalización en los vínculos entre ambos países y de la superación de su enemistad, uno de los últimos rescoldos de la guerra fría en el siglo actual. Pero no debe olvidarse que resta mucho por avanzar para resarcir los agravios históricos y las agresiones imperialistas cometidos durante más de medio siglo contra del pueblo cubano y que, en cualquier caso, los esfuerzos iniciados por Obama requerirán de apoyo y continuidad en la futura administración. Cabe esperar que así sea.