raíz de la emboscada contra una patrulla del Ejército Mexicano en Culiacán, Sinaloa, el pasado 30 de septiembre, en la que murieron cinco soldados, 10 quedaron heridos y dos vehículos militares resultaron destruidos, se han multiplicado los señalamientos sobre la presunta participación de agentes policiales municipales y estatales en esa agresión. Con ese telón de fondo, entre el lunes pasado y ayer elementos de élite del Ejército cercaron la sede de la policía ministerial en la capital sinaloense y revisaron el armamento, las municiones y los teléfonos celulares de los miembros de esa corporación –incluidos escoltas del procurador, el secretario de Seguridad y el coordinador de Seguridad estatales–, mientras personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada interrogó a varios de ellos.
La acción parece confirmar la sospecha oficial –formulada como un hecho en diversos medios– de que, al menos en Sinaloa, un importante número de corporaciones encargadas del orden público y prevención del delito trabajan en realidad para el crimen organizado. En el pasado reciente se ha podido comprobar la existencia de complicidades intolerables de esa clase en diversos estados, particularmente en Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.
Tal situación ha sido mencionada desde hace casi una década. Miles de agentes policiales municipales y estatales fueron detenidos y procesados –con justificación o no– en el sexenio de Felipe Calderón, y decenas de miles fueron sometidos a exámenes de confianza, mecanismos que han sido criticados por la escasa fiabilidad de sus resultados y sus procedimientos poco respetuosos con los derechos de los examinados; más aún, varias corporaciones del orden público fueron prácticamente suprimidas por la sospecha de que operaban bajo las órdenes de algún cártel. En forma reiterada el anterior jefe del Ejecutivo federal atribuyó los fracasos de su estrategia de seguridad a la infiltración de los cuerpos policiacos; el gobierno actual ha insistido en la idea de que el mando único –es decir, la total supeditación de las fuerzas del orden municipales y estatales a la autoridad federal– sería la solución para contar con policías eficaces a fin de combatir la inseguridad y la violencia y asestar derrotas significativas a los grupos criminales.
Pero casi 10 años después de haber cifrado la mejoría de la seguridad y el restablecimiento del estado de derecho en el saneamiento y control de las corporaciones policiales, los datos disponibles indican que esa estrategia no funciona. Policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco fueron, según la versión oficial, protagonistas del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014; policías estatales veracruzanos capturaron y entregaron a delincuentes a jóvenes secuestrados procedentes de Playa Vicente; y, si las sospechas se confirman, policías municipales y estatales habrían colaborado en la agresión sufrida por soldados en Culiacán.
Resulta obligado preguntarse entonces si el saneamiento policial ha sido insuficiente, si se ha tratado de una simulación o si la corrupción de los cuerpos policiales es una falsa premisa. La administración actual ha realizado algunos cambios menores –sobre todo en lo que se refiere a la manera de informar– con respecto a las fallidas políticas de seguridad pública del calderonato, pero transcurridos dos tercios de su tiempo no ha efectuado el deslinde radical que se requiere ni ha sido capaz de formular una estrategia integral de combate a la delincuencia y restablecimiento del estado de derecho en diversas regiones. Es impostergable una decisión política en este sentido, pues la violencia descontrolada sigue cobrando vidas de civiles, de policías y de militares.
