La pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual reiteró su rechazo a la aplicación de esta práctica por ser contraria al respeto de los derechos fundamentales de cualquier persona.

En un pronunciamiento con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, el organismo nacional señaló que si bien en México está práctica ha sido abolida, resulta imperioso sumarse en contra de esta sanción ‘‘considerada cruel e inhumana dada la irreparabilidad de sus efectos, la imposibilidad de ser graduada y que atenta contra la existencia del ser humano’’.

Por ello, la CNDH se manifestó porque la imposición de las penas se realice dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge.

De acuerdo con datos de Amnistía Internacional (AI), tan sólo el año pasado esta pena se aplicó en mil 634 ocasiones en 25 países. Este número ha sido el mayor en los pasados 25 años, aunque se advierte que existe una ‘‘cifra negra’’ debido a que muchas naciones no publican sus estadísticas, como es el caso de China o Corea del Norte.

Irán, Arabia Saudita y Pakistán concentran 90 por ciento de las ejecuciones registradas en el mundo, y la lista de delitos por los que se aplica dicha pena llegan a medio centenar, aunque predominan aquellos relacionados con las drogas y asesinatos.

Este año, la Organización de Naciones Unidas tomó el tema del terrorismo, pues a menudo los tribunales especiales o militares imponen la pena de muerte por actos de este tipo en juicios rápidos y sin las debidas garantías. Para que la lucha contra el terrorismo sea legítima y eficaz debe basarse en el respeto a los derechos humanos, señaló la comisión. Actualmente 65 países en el mundo mantienen la pena capital por este delito.

En México, ‘‘la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se une a la lucha por la abolición de la pena capital en todas las regiones del mundo, para lo cual es necesario conjuntar esfuerzos que permitan la erradicación de dicha práctica, considerando que en ninguna circunstancia se debe atentar contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas’’, señaló el organismo.