Los alrededor de 330 mil habitantes que fueron expulsados entre 2010 y 2015 debido a los altos precios de la vivienda en la Ciudad de México y cambiaron su residencia a municipios del estado de México continúan trabajando o estudiando en la ciudad, lo que se traduce en la realización de 6 millones de viajes diariamente, con traslados cada vez más grandes en distancia, tiempo y costo, además de generar mayor congestión vehicular y emisiones de gases contaminantes, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvo), Felipe de Jesús Gutiérrez.

Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), con motivo de la glosa del cuatro Informe del jefe de Gobierno, señaló que los jóvenes y la población de menores ingresos son los más afectados al no poder acceder a una vivienda digna y verse obligados a emigrar a la periferia o asentarse de manera irregular en suelo de conservación, muchas veces en zonas de riesgo; se calcula que unas 250 mil personas viven en condiciones de irregularidad, lo que supone enormes costos sociales para ellos y la pérdida de servicios ambientales para la ciudad.

A tres años de haberse suspendido la Norma 26 –creada para fomentar la construcción de casas de interés social y popular– no hemos sido capaces, incluida la ALDF y nosotros como gobierno de la ciudad, de construir alternativas que posibiliten la construcción de vivienda social, revertir estos procesos y hacer un uso eficiente del territorio afirmó.

Señaló, que la Consejería Jurídica del gobierno capitalino revisa la reformas a la ley de Desarrollo Urbano Vivienda aprobadas recientemente por la ALDF para crear un consejo que se encargue de la planeación del desarrollo urbano por considerarlas inconstitucionales.

El funcionario dijo que de acuerdo con las atribuciones que tiene el jefe del Ejecutivo local en el estatuto de gobierno habría una invasión de atribuciones y eso lo hace inconstitucional en cuanto a la ejecución de esa planeación de desarrollo urbano.

Sobre el tema de la vivienda abundó que existen amplios ámbitos de la ciudad que presentan una clara subutilización, que a partir de equipamientos, y espacios públicos podrían absorber nuevos habitantes y permitirían arraigar y evitar expulsar a la población.

Expuso que para ello es necesario aceptar que en la renovación de la ciudad se requieren recursos económicos en cantidades que rebasan la disponibilidad presupuestal del gobierno especialmente en las condiciones económicas por las que atraviesa el país, por lo que es necesario conseguir a nuevas fuentes de financiamiento.

Durante los posicionamientos y la sesión de preguntas, los legisladores reclamaron una vez más al funcionario el crecimiento inmobiliario desordenado, la falta de vivienda, la inseguridad en el transporte, la invasión del espacio público y la incapacidad de las autoridades para restablecer el orden en la ciudad.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Dunia Ludlow Deloya refirió que de acuerdo con el informe enviado por el funcionario, este año se autorizaron 65 proyectos de impacto urbano, representando un total de 5 millones 174 mil metros cuadrados de construcción nueva; lo que significa una inversión estimada de más de 41 millones de pesos, que incluyen 27 mil 453 viviendas. Al respecto, cuestionó cómo es que estos 65 proyectos influyen en un proyecto integral de redensificación planeado.