El abastecimiento del servicio de agua potable a la población se ha dejado a las embotelladoras, lo que indica su privatización, señaló Javier Bogantes, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua. Advirtió que pareciera que no hay preocupación si la gente toma agua potable o no. Tiene que consumirla en botellas para estar segura de la calidad.

Aseveró que esto sucede en varios países, y en México en particular ocurre a pesar de la gran inversión que se hace y de las grandes obras de ingeniería hidráulica. Los habitantes no tienen confianza en que el líquido de la llave sea seguro y van varias generaciones que sólo beben agua en botella.

Destacó en entrevista que México es el país con más conflictos y tensiones por esta política de desarrollo a ultranza. Uno de los grandes problemas de la pérdida de derechos y afectación de ecosistemas es la política de corto plazo, los gobiernos quieren quedar bien y empiezan a vender los recursos claves que tenemos: el agua y la tierra.

Expuso que en casi 10 años el tribunal ha recibido 32 casos de México, varios de ellos no resueltos, como el de los pueblos de Morelos, afectados por desarrollos inmobiliarios. Hay proyectos que causan grave deterioro e incertidumbre y que pueden afectar en el futuro. Si este y otros países continúan con esa noción de expansión y competencia, dejan el agua en manos de las grandes trasnacionales. Los nietos de ustedes no van a tener acceso al agua; se perdió la parte lúdica del recurso.

En la novena audiencia pública de este tribunal, que comenzó ayer, Bogantes sostuvo que nos encontramos con los mismos denunciantes; hay personas que aún viven afectaciones de casos que se presentaron hace casi una década.

Agregó que existe la tendencia a explotar los recursos y los ecosistemas sin contemplación por sus efectos. Se ha observado que hay gran temor e incertidumbre entre miles de personas por proyectos cuyos efectos se desconocen y se despoja a las poblaciones. “Notamos gran preocupación por el fracking (fracturación hidráulica) y por el papel de las empresas mineras”.

Consideró increíble que en Canadá haya normatividad impresionante de protección ambiental por la operación de las mineras y a América Latina llegan y hacen lo que quieren sin ningún tipo de control o son mínimos por parte de los estados.

Señaló que hay casos emblemáticos en esta audiencia, como el de la frontera norte de México con Estados Unidos, sobre el cual existe el Tratado Internacional de Aguas. Se desconoce lo que pasará con el líquido del río Colorado si Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos.

Ayer se presentó el caso de ejidos de Mexicali, a los cuales fue dotado el recurso por una resolución presidencial y de manera unilateral se los restringió la Comisión Nacional del Agua. Desde hace al menos ocho años han interpuesto recursos en el Tribunal Agrario y han ganado amparos, pero el agua no se les ha restituido.