La juez federal Rosa María Cervantes, titular del juzgado décimosegundo de distrito de amparo en la Ciudad de México, recibió este lunes de su colega Guillermo Urbina, responsable del juzgado décimosegundo de distrito de procesos penales federales, un informe justificado en el que acepta que existe una orden de aprehensión vigente contra Guillermo Padrés Elías, ex gobernador panista de Sonora.

‘‘Es cierto el acto reclamado (por el político panista), consistente en una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, así como por el diverso de defraudación fiscal por ISR e IVA no declarado’’, refiere el informe judicial notificado al juzgado de amparo, al que tuvo acceso La Jornada.

El contenido de la orden de captura y del pliego de consignación de la Procuraduría General de la República (PGR) se mantienen bajo reserva, pero funcionarios del Poder Judicial Federal confirmaron a este diario que la acusación de los fiscales sostiene que de julio de 2011 a junio de 2014 Padrés Elías realizó múltiples movimientos a cuentas bancarias de México y otros países para realizar transferencias hasta de 9 millones de dólares derivadas de transacciones mercantiles que no pagaron los impuestos correspondientes.

Esta no es la única acusación penal que enfrentará Padrés, ya que otras averiguaciones previas están en curso en la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) por conductas ligadas a defraudaciones fiscales, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

El abogado Antonio Lozano Gracia, ex titular de la PGR, quien fue contratado por el ex gobernador panista para encabezar su defensa, informó este lunes en diversas entrevistas que desconoce cuántas órdenes de aprehensión tiene la dependencia federal contra el político panista.

Mencionó que la denuncia penal que fue presentada en 2014 contra Padrés integra seis acusaciones en contra del ex gobernador sonorense, las cuales tienen que ver con la perforación y uso de pozos ilegales, la construcción de una presa, sobornos para la fabricación de uniformes y delitos de tipo fiscal.

De su lado, los funcionarios del Poder Judicial Federal entrevistados precisaron que, según la acusación de la PGR, parte del dinero que se imputa a Padrés como acciones de lavado de dinero provendría de sobornos por los contratos que otorgó el político a un amigo para confeccionar uniformes escolares. La acusación señala que el ex gobernador utilizó una empresa de papel creada en 2011 en Holanda, denominada Dolphinius CV, para realizar múltiples movimientos bancarios internacionales.

La intención era ocultar el origen de recursos que nunca fueron reportados en declaraciones fiscales ni patrimoniales.